La aprobación tendrá lugar tras una larga trayectoria, pues el Ministerio de Trabajo y Economía Social empezó a trabajar en el texto en 2022, dialogando con organizaciones del sector como Cepes, la patronal española de la economía social.

Al ser aprobada en Consejo de Ministros y enfrentarse a su votación en el Congreso, el texto recibió el apoyo de todos los partidos que hicieron posible en 2023 la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, incluido Junts. En contra votaron PP y Vox, aunque los ‘populares’ apostaron en el Senado, donde gozan de mayoría absoluta, para incorporar más de 40 enmiendas, incluida una del PNV, para tratar de “mejorar” la norma.

Y, precisamente, es este el trámite que resta, que el Congreso vote sobre estas modificaciones del Senado, con el fin de consolidarlas en la ley o eliminarlas. Lo previsible es que la mayoría, si no la totalidad, se excluyan, dado que operará la mayoría de investidura que hizo posible su aprobación inicial, antes de ser enviado el texto al Senado.

Entre los cambios incorporados por el PP en el Senado, destacan enmiendas encaminadas a simplificar trámites administrativos de las cooperativas y eliminar la obligatoriedad de las webs para determinados casos, facilitar la gestión permitiendo planes de igualdad conjuntos y limitar la dotación del fondo de reserva obligatorio para evitar que se frene el desarrollo y crecimiento de las cooperativas.

Otras enmiendas buscan flexibilizar las obligaciones de las empresas de inserción en situaciones de pérdidas, mejorar la coordinación de las empresas de inserción con los servicios públicos de empleo, fortalecer los incentivos para la contratación de personas que han pasado por empresas de inserción en otras de carácter ordinario y aumentar el control para evitar el “intrusismo”.

El PP también apoyó una enmienda del PNV, con la que se permite que empresas públicas o privadas puedan formar parte del capital de una empresa de inserción cuando no tome el control, ni directo ni indirecto, de la compañía ni se modifiquen sus fines sociales y se salvaguarde el régimen de reinversión de resultados.

Tras la votación en la Cámara Alta, el ‘popular’ de Arriba expresó, en declaraciones a Servimedia, su deseo de que se mantengan porque “mejoran la norma”, que es el “objetivo” de su partido con estas enmiendas.

Lo contrario manifestaron a esta agencia los socialistas María Teresa Pérez y Adolfo Lander, quienes denunciaron que los cambios del PP “desnaturalizan” la norma y ponen en “riesgo” el “frágil consenso” alcanzado en el Congreso tras una compleja negociación.

CONTENIDOS

En su exposición de motivos, el texto del proyecto de ley detalla que sus objetivos se alinean con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, que entiende esta como un concepto que no solo va más allá de la creación de puestos de trabajo, sino que también busca incrementar el impacto social de sus organizaciones.

En lo que respecta a las cooperativas, la futura norma se centrará en potenciar su papel tractor en el sector de la Economía Social y prevé la creación de una Comisión de Igualdad para garantizar la conformación y ejecución de los planes de igualdad cooperativos. También se encargará de garantizar el ejercicio de los derechos digitales y la participación telemática de las personas socias.

La segunda pata de esta ley es la adaptación de las empresas de inserción a las nuevas circunstancias económicas y sociales, para sentar las bases comunes para su desarrollo en todo el país, lo que requerirá adecuar la normativa estatal.

Por ejemplo, se revisarán los perfiles de las personas que pueden ser contratadas por las empresas de inserción y se tendrán en cuenta nuevos factores de exclusión adaptados a la actual coyuntura económica, social y laboral.

También se incluye una regulación más detallada de los requisitos de las entidades promotoras de las empresas de inserción y se introducen elementos de flexibilidad normativa para dar estabilidad a las empresas de inserción.

En tercer lugar, se actualizará la norma para adaptar las entidades de la economía social a las nuevas circunstancias socioeconómicas. Esto implicará clarificar las tipologías y el catálogo de entidades que integran la economía social para que se puedan incorporar a nuevas fórmulas asociativas.

Otra de las novedades que incluirá la futura Ley de Economía Social es el aumento del porcentaje de reserva de contratos para centros especiales de empleo de iniciativa social, que pasará del 10% al 15%, en cumplimiento con distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Supremo.

Ello, mientras se incorporan aspectos como el reconocimiento del papel “singular” de la ONCE como agente del tercer sector y se añade la definición específica de economía social de los centros especiales de empleo de iniciativa social (Ceeis), medidas estas últimas demandadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).