Durante su intervención en el pleno del Congreso, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, defendió que, “tras muchos años de presión y de esfuerzos” por parte de las organizaciones, la norma “supondrá un paso adelante de calado”.

La ley, impulsada por su gabinete, tiene por objeto, entre otros asuntos, la regulación de los niveles mínimos de calidad y de la evaluación de los servicios de atención a la clientela de las empresas que presten determinados servicios de carácter básico de interés general y de las grandes empresas.

Entre las medidas más destacadas que incluye el texto se encuentra el poner fin a las llamadas spam obligando a las empresas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico (un prefijo telefónico) y con otro código las llamadas de atención y a los operadores de telecomunicaciones a bloquear todas las llamadas de empresas que no utilicen estos códigos y declarando nulos los contratos que se cierren en llamadas telefónicas no consentidas.

MÁS MEDIDAS

En paralelo, persigue acabar con los gastos de gestión ocultos, las reseñas falsas o las renovaciones de contrato automáticas e incluye mejoras en la atención telefónica, que deberá ser personalizada y realizarse en menos de tres minutos en el 95% de casos, al tiempo que obliga a la transparencia de algoritmos en la publicidad y precios personalizados y establece un plazo de 15 días para la resolución de reclamaciones.

La norma también fortalece los derechos lingüísticos regulando que las grandes empresas que operen en territorios que dispongan de lenguas cooficiales tengan que garantizar que la presentación de consultas, quejas, reclamaciones o incidencias pueda realizarse y responderse tanto en castellano como en cualquiera de las lenguas cooficiales de dicha comunidad autónoma e insta a las empresas a garantizar la accesibilidad a los servicios de atención a las personas consumidoras vulnerables, como aquellas con discapacidad o de edad avanzada.

En el ámbito del juego online, la ley pretendía reforzar los controles sobre medios de pago protegiendo a los menores de edad, publicidad y oferta de juego y proponía la modificación de la Ley 13/2011 con el fin de recuperar las restricciones que regulaban la publicidad y la promoción del juego, tumbadas por el Tribunal Supremo.

No obstante, entre las enmiendas aprobadas está la de supresión de la disposición final cuarta de modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que salió adelante con los votos a favor de PP y Vox, UPN y Junts y en contra del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, Coalición Canaria, BNG y la diputada Águeda Micó.

GRUPOS

En turno de fijación de posiciones, por el PP, el diputado Antonio Martínez afeó la “parálisis” que la ha afectado porque el Gobierno está “a otra cosa” e hizo un llamamiento a implementar una “política lingüística sensata” y al cumplimento de la norma por parte de la administración y las empresas públicas, al tiempo que tildó de “vergüenza” el veto a la enmienda para bajar el IVA a alimentos básicos.

Por el PSOE, Carmen Andrés criticó que, “entre los derechos de la mayoría social y los intereses de las grandes empresas”, los ‘populares’ están “siempre con las grandes empresas”, convencida de que sus enmiendas “merman los derechos lingüísticos de 12 millones de personas” y lamentó las enmiendas que “refuerzan la posición de dominio de las empresas” sobre los usuarios, como la que “supedita” la atención a las personas sordas “a que no sean demasiado costosos los sistemas” para llevarla a cabo.

Por último, en cuanto a la supresión de la disposición adicional sobre publicidad del juego, denunció que en el PP “intentan legitimar que los ciudadanos somos solo agentes económicos al servicio de los intereses de las empresas para que obtengan beneficios”. “Eliminar la regulación de la publicidad del juego online es precisamente eso, porque la publicidad es lo que anima al consumo”, añadió, convencida de que “abandonar a las personas más vulnerables, como son los adolescentes y jóvenes, a un mercado de juego sin regulación de la publicidad es abrir la puerta al juego problemático y patológico para favorecer a los más poderosos”.

Por Vox, Tomás Fernández estimó que la norma “sigue siendo una verdadera máquina que debe ir al desguace”, porque “no es más que un engendro de contenido ideológico con el único propósito de dividir a los consumidores y empresas” que acabará “perjudicando a ambos”.

Por Sumar, Félix Alonso aseguró que la norma es “un paso de gigante” y aseveró que las enmiendas del PP “parecen redactadas desde la sede de la central de Ribera Salud y huelen a subcontrata legislativa, a un copia pega del modelo de Ayuso”, si bien advirtió a PP y Vox de que, “a pesar de su spam legislativo”, se “impondrá el sentido común” con la aprobación de una ley que “salda una deuda histórica de la democracia”.

Por ERC, Jordi Salvador votó “en contra” de las enmiendas introducidas por el “catalanofóbico” PP y puntualizó que “la defensa de la lengua es un derecho, no un privilegio”, mientras por Junts, Josep María Cruset reivindicó la “eliminación” de la “imposición” del castellano en la atención al cliente, advirtiendo de que, en Cataluña, “primero se aplicará el Estatut y luego esta ley”.

Por último, desde Bildu, Marije Fullaondo afirmó que la normativa “es un paso importante”, ya que “pone a la clientela y sus derechos en el centro”, con “especial atención a los más vulnerables”, al tiempo que reivindicó el “respeto” a los derechos lingüísticos que consagra el texto; por el BNG, Néstor Rego denunció que, ante “cualquier mínimo avance social ahí está el PP actuando para recortar derechos”, mientras que, por UPN, Alberto Catalán recordó que “los españoles no pueden sentirse extranjeros en su propio país” aunque defendió el uso de las lenguas cooficiales y juzgó “llamativo” exigir a la empresa privada lo que la administración pública es “incapaz de ofrecer”.