En la proposición, debatida ayer, el PP alerta del incremento de los altercados y agresiones con arma blanca desde la pandemia, con especial relevancia en Cataluña, Madrid, Andalucía y País Vasco, denunciando que se ha “banalizado y generalizado” portar una de ellas, ya sea para “agredir” o por “seguridad”. Así, recuerda que en 2024 se alcanzó el nivel máximo de sanciones por este hecho, con 4.251 multas, un 60,8% más que en 2017.

Por ello, los populares reclaman diseñar de forma “urgente” un plan de actuación para frenar la “tendencia al alza” del uso de armas blancas para cometer delitos de extrema violencia, aumentar los tipos de armas blancas prohibidas y actualizar la normativa relativa a su compra para endurecer los requisitos para acceder a ellas y así actuar también de forma "eficaz" frente a “distribuidores irregulares” y las plataformas de internet en las que se pueden adquirir sin verificación de la edad o trazabilidad.

Asimismo, plantean modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para, entre otros, tipificar como faltas muy graves portar, tener o usar armas prohibidas. O una reforma del Código Penal, para incluir la privación de derecho a la tenencia y porte de armas y un aumento de la pena de prisión de entre dos y cinco años por la tenencia de armas prohibidas. Por último, instan a otra modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para fijar "normas más claras y estrictas" respecto a la detención de quienes exhiban "con ánimo intimidatorio" armas blancas y revisar la ley de responsabilidad penal de los menores y las medidas a imponer a los "infractores penales que utilicen armas". Siete puntos que se votaron por separado, siendo todos ellos aprobados. Vox y UPN apoyaron todos los apartados, sumándose en dos el PNV y en uno de ellos, Junts. Estas dos últimas formaciones se abstuvieron en el resto.

El encargado de defender el martes esta proposición fue el popular Rafael Hernando, quien repitió los argumentos que esgrime el PP en su proposición, instando a los parlamentarios a no “permanecer impasibles” ante esta situación, porque “no es una opción”. Y, al mismo tiempo, aprovechó para denunciar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez “no tiene este tipo de problemas”, porque “sale a la calle acompañado de 30 escoltas, siete vehículos y una ambulancia camuflada”.

A esta iniciativa Vox presentó una enmienda de modificación en la que relaciona ese aumento de la inseguridad con la “inmigración ilegal masiva o descontrolada”, algo que, según el diputado Ignacio Gil Lázaro, es el “origen del problema”. En ella, además de pedir un aumento de policías y guardias civiles, exigía la “remigración” o rebajar a 12 años la edad penal. Por ello, criticó al PP por usar un “eufemismo” en su propuesta y hablar de “bandas juveniles” y no de “bandas magrebíes” y “latinas vinculadas peligrosamente a las maras”.

Por su parte, el diputado del PNV Mikel Legarda anunció su abstención porque, pese a estar de acuerdo en la necesidad de abordar este problema, le pareció “poco realista”, dadas las “circunstancias de enfrentamiento político” en esta legislatura, lo que “no augura las mayorías necesarias”. Además de por las “difíciles circunstancias del sector armero”. Desde Bildu, Jon Iñarritu denunció el “alarmismo” del PP y apuntó que las medidas penales y sanciones que proponen los populares no “acaban con el problema”.

Junts, mientras, en boca de su diputado Josep Pagès i Massó, también reconoció esa “realidad preocupante”, pero subrayó que las propuestas del PP “son incompletas” y tiene un “enfoque recentralizador” que “ignora la realidad institucional de Cataluña”. De ahí que incidiese en que en Cataluña las competencias de seguridad las tiene la Generalitat y los Mossos d’Esquadra. Por lo que rechazó dar “carta blanca” al Gobierno español y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Por ahí no pasamos”, zanjó.

Al igual que el resto de parlamentarios, Francesc-Marc Álvaro, de ERC, reconoció que el problema existe, pero tachó la propuesta del PP de “populismo punitivo” y “alarmismo”, además de una medida para “matar moscas a cañonazos”.

Mientras, Enrique Santiago, de Sumar, siguió esta misma línea e insistió en el “populismo punitivo” de PP y Vox “para hacer campaña en Andalucía” y “criminalizar” a los migrantes. Así, mostró su rechazo acusando a los populares de “oportunismo y alarmismo”.

Por último, la socialista Carmen Castilla también fue muy dura con el PP, recordando a Hernando que el Gobierno está trabajando en ello y que "ya hay unas reformas en marcha para atajar esta situación", aunque subrayó la idea de que "España es uno de los países más seguros de nuestro entorno". Al mismo tiempo, también afeó que los populares insistiesen en decir que "el miedo está en la calle". Porque, apuntó seria, también hay miedo "en las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular", como el "miedo es ponerte enfermo".