Fue el resultado de la votación del tercer punto de la moción consecuencia de interpelación urgente impulsada por el Partido Popular sobre la gestión del Ministerio de Defensa durante la crisis en la ciudad de Ceuta, tras la entrada de más de 70.000 migrantes desde Marruecos a finales de julio.

Por 171 votos a favor frente a 170 en contra y 6 abstenciones el Pleno de la Cámara Baja dio luz verde a instar al Ejecutivo a otorgar el carácter de agentes de la autoridad a los miembros de las Fuerzas Armadas que están interviniendo en Ceuta desde el pasado 30 de julio de 2026 en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las operaciones de vigilancia y protección que se están desarrollando en dicha ciudad autónoma con el fin de preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Asimismo, el Pleno aprobó reconocer “la extraordinaria labor que están realizando las Fuerzas Armadas en el desempeño de la misión que les ha sido asignada en Ceuta, especialmente a aquellos de sus miembros que han tenido que recibir asistencia hospitalaria.

Y condenar “en los términos más enérgicos, los cruces ilegales masivos a Ceuta desde Marruecos, por tierra y por mar, y la instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de España”.

En la defensa de la moción, el diputado del Partido Popular José Enrique Núñez Guijarro aseveró que la moción de su grupo era necesaria por el trabajo que realizan “los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas desplegados en Ceuta”, y junto a ellos los policías nacionales, guardias civiles y policías locales “trabajando en circunstancias tremendamente excepcionales”.

Sobre los acontecimientos en la frontera ceutí del 30 y 31 de julio, el diputado del PP sostuvo que España “sufrió un ataque, no con misiles, no con carros de combate, con algo mucho más cínico, la utilización de miles de seres humanos como arma contra nuestra integridad nacional”.

“La preocupación inicial de los ceutíes tras la invasión se convirtió en angustia, la angustia en indignación y hoy esa indignación se ha convertido en exigencia”, argumentó.

Una exigencia que, a juicio del PP, es que los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan en Ceuta sean reconocidos como agentes de la autoridad.

Núñez alegó que la Constitución española en su artículo 8 encomienda a las Fuerzas Armadas la misión de “garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial”.

“Hoy en Ceuta nuestros militares hacen labores de seguridad, custodian supermercados, vigilan la entrada de los colegios y patrullan por las calles”, subrayó, y consideró que “desplegar a más de 4.000 militares sin la autoridad debida no es creer en ellos, es utilizarlos”.

A este respecto afeó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que dijese recientemente en la Cámara Baja “que el Gobierno hace todo lo que legalmente está en sus manos”.

En su opinión se trató de “una afirmación hueca y carente de veracidad”, porque, argumentó, “la ley de la carrera militar ya permite que nuestros militares actúen como agentes de la autoridad cuando apoyan a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado”. “Solo falta una cosa, la orden del Gobierno”, concluyó.

VOX PIDIÓ IR MÁS ALLÁ

Por parte de Vox el diputado Alberto Asarta dijo que a su formación le parecía “correcta” la propuesta de la moción en su conjunto, pero pidió ampliarla para instar a la devolución a Marruecos de “todos los que asaltaron nuestras fronteras e invadieron territorio español, sin excepciones, incluidos los menores, que con quien tienen que estar es con sus padres y que además lo reclama Marruecos”.

También, agregó, para “construir un muro de suficientes dimensiones prolongando el espigón del Tarajal hacia el mar, que disuada a quien quiera asaltar la frontera”.

Y, en tercer lugar, dijo, para “desplegar y reforzar permanentemente” a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “de guarnición” de Ceuta y Melilla, con responsabilidades de agente de la autoridad “y con órdenes y reglas de enfrentamiento claras”.

El diputado de UPN Alberto Catalán en su intervención pidió al Gobierno que cuente "toda la verdad" sobre lo que calificó como "el mayor asalto a la soberanía territorial". Además, consideró un "auténtico escándalo", que el Gobierno “impida al Jefe del Estado visitar Ceuta”.

JUNTS SUGIERE UN REFERÉNDUM

Isidre Gavin i Valls, de Junts, repitió el argumento que su partido esgrime estos días e instó al Gobierno a convocar un referéndum en Ceuta y Melilla ya que, en su opinión, la legitimidad española sobre ambas ciudades autónomas “es débil y con argumentos del siglo XXI”.

Por ERC, el diputado Francesc-Marc Álvaro Vidal sostuvo que en la crisis de Ceuta “estamos viendo que el régimen marroquí está sometiendo a una prueba de esfuerzo al Estado español y al conjunto de la Unión Europea”.

También dijo, “estamos viendo asimismo un laboratorio del trumpismo en el que mojan pan todas las fuerzas reaccionarias del mundo, incluso el Partido Vox, y también el PP con el papel de tonto útil”.

En el turno de Sumar, su diputado Félix Alonso Cantorné expresó el rechazo de su partido al punto 3 de la moción, finalmente aprobado, ya que a su juicio es “conflictivo” dotar a las Fuerzas Armadas “de capacidad de actuación directa, en lugar de limitarse a las tareas que le corresponden, de vigilancia y apoyo a las Fuerzas de Seguridad”.

“Las Fuerzas Armadas no son las adecuadas para esa tarea porque no están entrenadas en funciones de orden público”, sentenció.

Para concluir el debate, la socialista Maribel García López acusó al PP de no ejercer como una oposición de Estado.

También dijo al PP que “su cinismo político es tal que raya la paranoia”, y señaló que en la moción de Ceuta hablan “de solidaridad entre todos los territorios de España”, mientras que las comunidades autónomas en las que gobierno se oponen a admitir menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta.