Según explicó durante su intervención en el debate en la Cámara Baja el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el texto, que durante el trámite parlamentario recibió más de 200 enmiendas, consagra el establecimiento de un tiempo máximo de resolución de reclamaciones de 15 días, un tiempo máximo de atención para las llamadas telefónicas de 3 minutos o el derecho a ser atendido por un operador formado si no se desea ser atendido por un robot o un mecanismo de inteligencia artificial.

En paralelo, garantiza una prestación “personalizada” de atención “en función de variables como la edad, la discapacidad o la situación administrativa” o el derecho a “efectuar reclamaciones en las lenguas cooficiales ante grandes empresas”, esto es aquellas con más de 250 trabajadores y una facturación superior a 50 millones de euros anuales.

En cuanto a la necesidad de “acabar con algunos de los abusos más expandidos por parte de grandes operadores económicos en nuestro país”, Bustinduy consideró que la “primera medida fundamental” que consagra el texto en este sentido es la regulación de las llamadas spam.

A este respecto, destacó que la ley incluye una “regulación para que las compañías telefónicas bloqueen las llamadas comerciales no consentidas y también para declarar nulos los contratos que deriven de comunicaciones no consentidas”, así como otras medidas como el control de los gastos de gestión de entradas y de las reseñas falsas o la obligación de informar al usuario con 15 días de antelación a la fecha de vencimiento de un contrato por vía telefónica.

“Los derechos que esta ley consagra van a traducirse en mejoras palpables en la vida de millones de personas”, avanzó Bustinduy, convencido de que esta ley supone "un hito" en las políticas de consumo en España y “es una cuestión de interés general y de sentido común”, dado que “la mala atención a la clientela es el motivo principal para la insatisfacción de los consumidores en España”.

“Esto quiere decir que, más allá del resultado de la compra o la contratación de un bien o servicio, existe en nuestro país un problema generalizado en la forma en que las personas consumidoras se relacionan cotidianamente con los operadores económicos para poder formalizar reclamaciones, realizar quejas o cualquier tipo de consulta”, puntualizó, al tiempo que indicó que “lo que busca esta ley es establecer estándares básicos de calidad y garantizar que no se perpetren abusos hacia los consumidores”.