En la defensa del decreto, que obtuvo 175 votos favorables, 33 en contra y 140 abstenciones, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mostró su confianza en obtener el respaldo de la Cámara Baja a un real decreto ley que permite “Prorrogar, adaptar y mejorar” las medidas del primer plan aprobado en marzo, a pesar de que acabó con la reducción del IVA al 10%.

A este respecto, destacó que supone un alivio fiscal adicional de 1.825 millones, a los que se sumarán otros 2.700 millones en 2027 y 2028 por la eliminación progresiva del impuesto a la producción eléctrica.

Además, recordó que el primer paquete suponía un apoyo fiscal de 5.000 millones de euros, y defendió que tuvo “un impacto positivo para la economía, los ciudadanos y las empresas” tras ser aprobado con aportaciones de los sectores más afectados , los agentes sociales y los grupos parlamentarios”.

De hecho, aseguró que se trata del “escudo más ambicioso hasta la fecha en la Unión Europea” y proclamó que “la fórmula funciona” porque la tasa de inflación ha sido un punto inferior gracias a estas medidas que han amortiguado la subida de los precios en un 60% y han permitido que “la economía mantenga el pulso”.

Por último, apuntó que el decreto tiene “un margen de prudencia y flexibilidad” ante la posibilidad de que continúe la volatilidad de los precios si se prolonga el conflicto, permitiendo que se recupere la bajada del IVA de los productos energéticos si el incremento alcanza el 15% interanual en el IPC.

Desde el PP, Jaime de Olano no aclaró el voto de su grupo, pero criticó que el texto es "el ejemplo perfecto de la distancia entre relato y realidad" del Ejecutivo. Además, aseguró que el Ejecutivo ha "frito a impuestos a la clase media" y sostuvo que el decreto "no protege a España de la crisis, sino que les protege a ustedes de la realidad".

Por parte del PSOE, la diputada Patricia Blanquer defendió la convalidación al asegurar que el decreto aprobado en marzo "funcionó" y permitió amortiguar el impacto de la crisis internacional sobre familias y empresas. A su vez, negó que la nueva norma suponga una subida de impuestos y argumentó que las rebajas fiscales aplicadas durante los momentos de mayor tensión "no pueden convertirse en una medida permanente", ya que afectarían a la financiación de servicios públicos. A su juicio, las medidas "cambian porque cambia la realidad".

Por Vox, José María Figaredo cargó duramente contra la política económica del Gobierno y anunció el voto en contra de su formación. Criticó el fin de algunas rebajas fiscales a los carburantes y acusó al Ejecutivo de estar "matando a la industria y a la producción española".

Por su parte, la portavoz de Sumar, Aina Vidal, apoyó el decreto pese a considerar que resulta insuficiente. Afirmó que la norma es positiva, pero aseguró que "sus carencias y su tibieza son una evidencia" y reclamó un impulso mucho más ambicioso para hacer frente al aumento del coste de la vida.

Desde el PNV, Idoia Sagastizabal definió la norma como un decreto "continuista y prudente" y anunció el respaldo de su grupo. También lo hizo Mikel Otero (EH Bildu), quien defendió que la experiencia de los últimos meses demuestra que "cuanto mayor ha sido el peso de las renovables, menor ha sido la exposición a la guerra".

Por parte de Junts, Josep Maria Cruset destacó que incorpora algunas de las propuestas planteadas por su grupo en su anterior tramitación, pero lo calificó de "claramente insuficiente" mientras que Teresa Jordà (ERC) confirmó el voto favorable al considerar necesario aportar estabilidad en un contexto de incertidumbre.

Entre el resto de los grupos, Coalición Canaria defendió la convalidación para evitar la caída de ayudas en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, mientras que UPN anunció igualmente su apoyo al decreto, aunque reiteró sus críticas al Ejecutivo. También mostraron su apoyo Compromís y Podemos.

LAS MEDIDAS

El nuevo real decreto ley, que permitiría recuperar la rebaja del IVA en los carburantes, la electricidad o el gas si el IPC se incrementa más de un 15% con respecto al año pasado, contempla la desaparición progresiva del impuesto a la producción eléctrica del 7% hasta quedar eliminado en 2028. Con ello, según el Gobierno las medidas permiten un ahorro fiscal de 1.825 millones de euros en 2026 a los que se suman otros 2.700 millones en 2027 y 2028.

La rebaja en el impuesto especial de los carburantes es de 15 céntimos en julio y pasará a ser de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en Septiembre. Sin embargo, el decreto incluye una cláusula automática de reactivación por la que se volvería a la reducción de 20 céntimos por litro, si la inflación de los carburantes supera el 15%. Además, para agricultores, pescadores y transportistas, se mantiene el descuento equivalente a los 20 céntimos por litro.

Por otro lado, se refuerza el mecanismo de control y transparencia en los precios de las gasolineras con más atribuciones para la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC), como la publicación de una lista de establecimientos con comportamientos anómalos.

En cuanto a la reducción progresiva hasta su eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, la senda prevista es que se sitúe en el 5% en 2026; en el 3,5% en 2027 y en el 0% en 2028. Esto supone descuentos del 30% en el tercer trimestre de este año, del 40% en el cuarto y del 50% en 2027, que pueden llegar a suponer un 6% en la factura de la luz.

Adicionalmente, el paquete de medidas incluye la ampliación de la ayuda directa para la compra de fertilizantes para los agricultores con 165 millones adicionales a los 500 millones del primer plan anticrisis.

Asimismo, el decreto prohíbe el despido a las empresas beneficiarias de ayudas vinculadas al conflicto en Oriente Medio y ayudas condicionadas aplanes de movilidad sostenible para trabajadores. Paralelamente, el paquete incluye medidas estructurales para fortalecer el despliegue de las renovables, la electrificación y la eficiencia energética.