La norma, que incorporó en este trámite dos enmiendas del PP, obtuvo 18 votos favorables y 19 en contra. Ahora al tratarse de un texto aprobado con competencia plena de esta comisión no es necesario que sea refrendado por el Pleno del Congreso.

En su intervención en nombre del PSOE, la diputada Marta Trenzano destacó que la ley es “un Paso decisivo para fortalecer uno de los pilares más sólidos y más transformadores de nuestro modelo productivo” y valoró la capacidad del Congreso de encontrar consensos cuando se trata de mejorar los derechos.

También reivindicó que la “economía social es una forma avanzada de organizar la actividad económica basada en valores democráticos”, entre los que citó la creación de empleo de calidad o el arraigo territorial. “Apoyar esta ley es apoyar un país más justo, más inclusivo y más competitivo”, concluyó.

En la misma línea, Verónica Martínez, de Sumar, se felicitó por la “buena noticia” que supone la aprobación de esta ley, que según afirmó “demuestra que se puede crear riqueza sin dejar a nadie atrás”. Además, recordó que la economía social representa el 10% del PIB y dos millones de empleos. “es una ley muy importante”, apostilló.

Por su parte, Josep Maria Cervera, de Junts, defendió el papel de la economía social especialmente donde no llegan las administraciones o en situaciones de crisis y, más allá de su valor económico, destacó su compromiso con las personas más vulnerables. Asimismo, en nombre de ERC, Jordi Salvador defendió que la economía social “no es una anécdota ni el hermano pequeño de la economía real”.

En cuanto a su rechazo al dictamen, tanto Alma Alfonso, del PP, como Juan José Aizcorbe, de Vox, explicaron que se produce por la exclusión de la iniciativa empresarial privada de los Centros Especiales de Empleo. En todo caso, ambos diputados valoraron el papel de la economía social en el apoyo de las personas con discapacidad.

Este texto, promovido desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, moderniza y unifica en una sola norma las leyes de Economía Social, Empresas de Inserción y Cooperativas. Esta norma llevaba algún tiempo atascada en el Congreso, ya que el plazo para ampliar enmiendas se amplió en varias ocasiones y se extendió desde noviembre de 2024 hasta junio de este año. Además, Vox también presentó una enmienda a la totalidad que fue rechazada.

En su exposición de motivos, el texto del proyecto de ley detalla que sus objetivos se alinean con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, que entiende esta como un concepto que no solo va más allá de la creación de puestos de trabajo, sino que también busca incrementar el impacto social de sus organizaciones.

En lo que respecta a las cooperativas, la futura norma se centrará en potenciar su papel tractor en el sector de la Economía Social y prevé la creación de una Comisión de Igualdad para garantizar la conformación y ejecución de los planes de igualdad cooperativos. También se encargará de garantizar el ejercicio de los derechos digitales y la participación telemática de las personas socias.

La segunda pata de esta ley es la adaptación de las empresas de inserción a las nuevas circunstancias económicas y sociales, para sentar las bases comunes para su desarrollo en todo el país, lo que requerirá adecuar la normativa estatal.

Por ejemplo, se revisarán los perfiles de las personas que pueden ser contratadas por las empresas de inserción y se tendrán en cuenta nuevos factores de exclusión adaptados a la actual coyuntura económica, social y laboral.

También se incluye una regulación más detallada de los requisitos de las entidades promotoras de las empresas de inserción y se introducen elementos de flexibilidad normativa para dar estabilidad a las empresas de inserción, como consta en la exposición de motivos.

En tercer lugar, se actualizará la norma para adaptar las entidades de la economía social a las nuevas circunstancias socioeconómicas. Esto implicará clarificar las tipologías y el catálogo de entidades que integran la Economía Social para que se puedan incorporar a nuevas fórmulas asociativas.

Otra de las novedades que incluirá la futura Ley de Economía Social es el aumento del porcentaje de reserva de contratos para centros especiales de empleo de iniciativa social, que pasará del 10% al 15%, en cumplimiento con distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Supremo.

PAPEL DE LA ONCE

El texto ha recibido 194 enmiendas de los grupos parlamentarios. Entre ellas, el PP propuso añadir un nuevo párrafo a la disposición adicional tercera para reconocer a la ONCE como “una organización singular de Economía Social y una entidad singular del Tercer Sector de Acción Social”, además de colaboradora con la Administración General del Estado (AGE).

En su justificación, el PP expresó la necesidad de que esta disposición adicional tercera “plasme y recoja expresamente esta perspectiva de la ONCE”.

Por su parte, UPN presentó dos enmiendas a este respecto. En una de ellas, introdujo un párrafo en la disposición adicional cuarta para reconocer a la ONCE como una organización singular de Economía Social y una entidad singular del Tercer Sector de Acción Social, similar al presentado por el PP.

La segunda enmienda de UPN propuso una disposición adicional sobre subvenciones a la creación y al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en el seno de la ONCE.

Coalición Canaria también presentó una enmienda para reconocer el papel de la ONCE como organización singular de Economía Social y una entidad singular del Tercer Sector de Acción Social y otra para introducir una nueva disposición adicional sobre subvenciones a la creación y al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en el seno de la ONCE.