El real decreto ley cosechó 288 votos favorables, incluidos los del PP, y 59 abstenciones. El Pleno aprobó también su tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia con 334 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

Estas nuevas medidas forman parte del Plan Más Seguridad energética y se enmarcan en el conjunto de ayudas desarrolladas por el Gobierno desde junio de 2021 para apoyar a los consumidores de gas y electricidad. De hecho se trata del décimo real decreto ley con este tipo de ayudas.

En la defensa del real decreto ley, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, destacó el apoyo que constituyen estas nuevas medidas ante el alto coste de la energía y aseguró que el Gobierno no quiere "que las condiciones sociales y económicas de los españoles se vean afectadas por esta situación, prestando especial atención a los más vulnerables”.

Además, destacó que las medidas aplicadas por el Gobierno desde mediados de 2021 para apoyar a los consumidores y el tejido productivo alcanzan ya los 35.000 millones de euros, en torno al 3% del PIB nacional.

En su conjunto, estas nuevas ayudas tendrán una dotación cercana a los 3.000 millones de euros que serán financiados por los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Hasta este momento, la limitación de la subida del precio del gas ha generado un déficit que se compensará cuando la subida de la materia prima sea menor.

Por otro lado, el decreto contiene la creación de unas nuevas tarifas reguladas para las comunidades de vecinos, que se configuran en ocho nuevas TUR en función del tamaño de las instalaciones de gas. En todo caso, para acogerse a esta nueva tarifa vecinal, las comunidades deben instalar contadores individualizados antes del próximo invierno y revisar el funcionamiento de la caldera.

Con esta medida, denominada TUR de ahorro vecinal, el Gobierno calcula que estos hogares se beneficiarán de una reducción de más de la mitad de sus recibos respecto a lo que pagarían en el mercado libre con las ofertas actuales.

Este nuevo paquete de ayudas incluye también reforzar el Bono Social Eléctrico incrementando un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento y aumentando el porcentaje de descuento hasta el 65% y 80% para vulnerables y vulnerables severos (frente al 60 y el 70% actuales), respectivamente, lo que beneficiará 1,3 millones de hogares.

También se crea una nueva categoría temporal de consumidores eléctricos con derecho a un descuento del 40% en sus facturas que se destina a aquellos “hogares con trabajadores con bajos ingresos”, con el que el ejecutivo calcula llegar a 1,5 millones de hogares adicionales. De forma general, permitirá acogerse a ella a quienes tengan ingresos inferiores a dos veces el Iprem (16.212,56 euros anuales).

Asimismo, se incrementa el Bono Social térmico en 2022 y 2023 para los hogares vulnerables, duplicando el presupuesto en ambos ejercicios. De esta manera, la ayuda alcanzará desde la horquilla de 35 euros a 350 euros al año (según la zona climática del beneficiario) hasta 40 euros a 375 euros.

Otra medida que se prorroga hasta finales de 2023 con este real decreto es la minoración de los ingresos extraordinarios obtenidos por las plantas renovables y las nucleares vigente desde septiembre de 2021. Lo hará en los mismos términos, con un límite de 67 euros por megavatio.

AUTOCONSUMO Y EFICIENCIA

El real decreto incluye también otro conjunto de medidas destinados a impulsar el autoconsumo, el uso del biogás y la eficiencia energética, especialmente en lo relativo a la iluminación exterior. En cuanto a la eficiencia, contempla una partida de 40 millones para la instalación de contadores inteligentes de gas.

También amplía hasta un kilómetro el límite de 500 metros para instalaciones de autoconsumo limitándolo solo a las cubiertas y permite que pueda haber más de un propietario. La propia Ribera anunció que este límite será ampliado hasta los dos kilómetros.

Otra medida incluida en el real decreto es que permite una mayor flexibilidad a los consumidores estacionales para poder cambiar la potencia eléctrica y el caudal de gas contratados para impulsar un consumo más eficiente.

Además, se limita al 5% la penalización que puede imponer una comercializadora de gas por romper el contrato antes de tiempo y se establece que los contratos de mantenimiento o los seguros asociados al suministro se rescinden de forma paralela.

Por último, el decreto incrementa las exigencias de transparencia en las facturas para evitar confundir a los consumidores con el mecanismo ibérico, que no podrá ser denominado como cargo o tasa. Además, permitirá conocer el consumo de los hogares similares del mismo código postal para tener una referencia sobre si existe o no margen para ahorrar energía.