Pese a estar la votación en el alambre durante toda la jornada, con un empate en la primera votación, en la segunda, celebrada por llamamiento, se produjo el desempate con un solo voto que decantó el resultado a favor. Poco después de la primera votación, Junts emitió un comunicado anunciando su abstención por haber pactado con el PSOE varias medidas como una reforma de la Ley de Sociedades de Capital para posibilitar la vuelta de las empresas que se fueron de Cataluña, el IVA al 0% para el aceite, la eliminación del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ponía “en peligro” la viabilidad de la amnistía, la asunción por el Estado de todo el coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público y la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración.

Entre las medidas que incluye el decreto se encuentran la rebaja del IVA de algunos alimentos básicos, la rebaja del IVA al 10% del gas y la electricidad -aunque, en este caso, se eleva respecto al 5% en el que lo fijó el Gobierno en 2023- y otros descuentos fiscales del sector energético.

Asimismo, la norma incluye descuentos en el transporte público, en los que se incluyen la gratuidad para usuarios frecuentes de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y líneas estatales de autobús, así como el descuento en Avant, y rebajas complementadas por las comunidades autónomas en los transportes urbanos.

El Ejecutivo también introdujo en este decreto la subida de las pensiones contributivas en un 3,8%, así como incrementos en pensiones mínimas y de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que será mayor, del 6,9%. También se incluyó la prórroga de la regulación actual de la jubilación parcial con contrato de relevo en la industria manufacturera hasta el próximo 31 de diciembre de 2024.

VIVIENDA

Asimismo, se incluyó la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes.

Aunque inicialmente se fijó la extensión de la suspensión hasta finales de 2024, la presión de Podemos para dar su apoyo al decreto ha llevado a acordar al Gobierno que la normativa se extienda hasta 2028. No ha conseguido, sin embargo, comprometer al Ejecutivo para introducir un tope del 2% en la subida de los alquileres -actualmente es del 3% en virtud de la Ley de Vivienda- ni un límite del 2% a la subida del precio de los alimentos.

Respecto a las medidas de apoyo para los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, con esta norma se prorroga el aplazamiento con condiciones más ventajosas del pago de cuotas a la Seguridad Social y la prestación especial por cese de actividad para los autónomos. El decreto recoge también medidas para hacer frente a la sequía o la cesión de la gestión del IMV a las comunidades autónomas de régimen común que lo deseen.

DEBATE

Se encargó de la defensa de la norma el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien subrayó que se trata de una norma “necesaria” y que votar en contra implica “bajar las pensiones”, encarecer la factura de la luz y privar a los ciudadanos de un transporte público “bonificado”. Cifró en 3.800 millones de euros la movilización de dinero público con este decreto y elevó hasta los 47.000 millones las ayudas impulsadas desde el inicio de la Guerra en Ucrania. A eso hay que sumar el gasto de 8.280 millones de euros que implicará la subida de las pensiones en el nuevo año.

Bolaños aprovechó su intervención para presionar al resto de grupos parlamentarios indicando que su voto tiene “consecuencias importantes”, porque rechazar la norma provocará un aumento del coste de la cesta de la compra y que “en algunas casas en nuestro país tengan que mirar la cartera para ver si pueden llenar el frigorífico”.

El titular de Justicia afirmó que “no solo se somete” a votación de la Cámara la convalidación del real decreto sino “también una política que hace posible el crecimiento económico con empleo, con refuerzo, en definitiva, de nuestra calidad de vida”.

En la misma línea, la portavoz de Sumar, Marta Lois, deseó que las formaciones reticentes estuviesen abiertas a tramitar el real decreto como proyecto de ley. “Si no están ustedes abiertos a esa posibilidad tal vez es que, en realidad, no buscan supuestas mejoras”, indicó Lois, sino que lo que quieren es “tumbar” los decretos “para presentarse ante su electorado como si fuesen las posiciones más puristas y esencialistas, las opciones con el valor supuestamente más radical”.

INCÓGNITA

La incógnita, en ese momento, la mantenían Junts y Podemos. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, intervino por primera vez -no lo había hecho durante el debate del decreto sobre el subsidio de desempleo- para trasladar que su formación se mantiene en la posición de impedir la convalidación de los decretos aprobados por el Gobierno, aunque avisando al Ejecutivo de que estaban “a tiempo de rectificar”.

“Se ha tenido que llegar a una situación límite, como en la que nos encontramos hoy, para que algunos hayan entendido que cuando Junts decía que no daríamos nuestros votos a cambio de nada, queríamos decir que no daríamos nuestros votos a cambio de nada”, comentó la diputada.

Por su parte, Lilith Verstrynge (Podemos) lamentó que el Gobierno lleve al Parlamento un escudo social “recortado” y que no se esté debatiendo sobre ampliar las medidas. Además, reclamó al Ejecutivo que “todas y cada una de estas medidas” deberían “aprobarse de manera definitiva, con carácter permanente y estructural”.

EN CONTRA

Tal y como había confirmado previamente, el PP anunció su voto en contra del decreto. Su diputado Jaime de Olano dio la bienvenida a Bolaños a la “realidad que ha dibujado Pedro Sánchez para España”, ya que se han dado cuenta estos días de “quien gobierna realmente España”, Carles Puigdemont.

El popular aseguró que “no se perjudica a los españoles no aprobando los decretos” y preguntó “hasta dónde están dispuestos a llegar” en las negociaciones con Junts. Exigió al Ejecutivo que retire el real decreto y negocie uno nuevo con el PP en el que no se incluya la subida del IVA de la electricidad, el ajuste del IRPF y añadir carnes y pescados a los alimentos con el IVA rebajado.

Por parte de Vox, José María Figaredo criticó estos decretos “paquetizados” que incluyen medidas “más o menos positivas, todas ellas insuficientes” que se mezclan “con auténtico veneno”. Afirmó que el Ejecutivo no trae tres decretos sino “un pago a los separatistas que les han apoyado a ustedes para mantenerse en el Gobierno”.

“POR RESPONSABILIDAD”

Por otro lado, la diputada de ERC Inés Granollers confirmó el voto afirmativo de su grupo “por sentido la responsabilidad” a un decreto que incluye “medidas muy necesarias” aunque afeó algunas cuestiones como los incentivos a las empresas eléctricas. En la misma línea, Mertxe Aizpurua (EH Bildu) reafirmó el ‘sí “no solo por responsabilidad política, sino por respeto y apoyo a la mayoría social trabajadora y sus derechos”.

Desde el PNV, Idoia Sagastizabal señaló que su voto es un “sí crítico” porque “en un contexto político extremadamente polarizado y en un contexto todavía complejo resulta necesario aportar certezas y seguridad jurídica”, reclamando que haya más “tiempo” para la reflexión. También confirmó su voto afirmativo el diputado del BNG, Néstor Rego.