El PP cargó en su enmienda contra la “clara motivación política” de la quita de la deuda, que nace de un acuerdo entre el PSOE y ERC de 2023 y que prometía la condonación de 15.000 millones de euros para Cataluña.

“Lo que el Gobierno presenta como una medida excepcional de sostenibilidad financiera para todas las comunidades de régimen común es, en realidad, un burdo intento de disimular el traje a medida acordado con sus socios parlamentarios”, denunció el partido de Alberto Núñez Feijóo en el texto.

El PP también alegó en su enmienda a la totalidad que la quita de la deuda “es una ley injusta, insolidaria e ineficaz” y denunció que nace de “pacto bilateral que luego se quiere revestir de acuerdo global”, en referencia al PSOE y ERC.

Los populares detallaron que la “injusticia” de la norma parte de su propio diseño, porque premia a las comunidades autónomas sin tener en cuenta su gestión y “sin justificación objetiva y razonable”, mientras que castiga a las regiones “que han ejercido su legítima autonomía financiera para bajar impuestos y ayudar a las familias”.

La quita de la deuda resulta insolidaria, a juicio del partido de Feijóo, porque "se mutualiza directamente la deuda generada por desequilibrios presupuestarios en cada comunidad que pasa a ser asumida por todos los ciudadanos del resto de España”, ya que será el Estado quien absorba esa deuda.

Asimismo, es “ineficaz” porque “no corrige los graves desequilibrios que tienen las comunidades autónomas como consecuencia de la insuficiente financiación” del sistema actual y tampoco permite su vuelta a los mercados financieros.

El PP tampoco cree que la condonación de la deuda sirva para incrementar la capacidad de gasto de las comunidades autónomas, “ya que la neutralidad a efectos de la regla de gasto no permite destinar los ahorros a otra cosa que no sea reducir la deuda”, de manera que no podrá ir a gasto social o a mejorar los servicios públicos.

Entre sus reproches, el PP incluyó que el Gobierno ha desoído al Banco de España, a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y “a la mayoría de las comunidades autónomas de régimen común –12 de 15–“que rechazaron la propuesta al entenderla como “una concesión al independentismo pagada con la deuda de todos”.

Las 12 comunidades que rechazaron la condonación están gobernadas por el PP. Los consejeros de esas regiones se levantaron y abandonaron el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de febrero en el que la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el proyecto.

“Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular solicita la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, instándole a presentar, en su lugar reforma integral del sistema de financiación autonómica negociada

El PP solicitó al Gobierno la devolución de este proyecto y le instó a presentar otro con “una reforma integral del sistema de financiación autonómica negociada multilateralmente en el seno del CPFF”, que trate la deuda autonómica “con criterios homogéneos, condicionalidad fiscal efectiva y pleno respeto a la igualdad entre territorios y entre españoles”.

VOX ACUSA AL GOBIERNO DE ANTEPONER SUS INTERESES

Vox presentó otra enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de la quita de deuda en el que acusó al Gobierno de “cumplir antes el compromiso asumido con sus socios parlamentarios” y de “anteponer sus intereses políticos al de los españoles”.

Al igual que el PP, Vox incidió en que la condonación “es el resultado de un pacto político entre el PSOE y ERC”. La formación de Santiago Abascal lamentó que el Ejecutivo opte primero por la asunción de la deuda autonómica que por la reforma del sistema de financiación. Hacienda también está trabajando en ella y ha convocado un CPFF para el 29 de julio.

Vox expuso en su enmienda que la quita presenta incompatibilidades con el ordenamiento jurídico español y advirtió de que el Gobierno pretende, en la práctica, crear “un régimen jurídico excepcional concebido exclusivamente para hacer viable una operación” que se aparta del bien general y solo busca cumplir acuerdos políticos, sin tener en cuenta “una verdadera lógica de responsabilidad financiera”.

El partido de Abascal también puntualizó que la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) que implicará la condonación puede tener consecuencias “devastadoras para el endeudamiento global”.

Por otro lado, Vox anticipó una alteración de las reglas sobre responsabilidad financiera de las administraciones y justificó que serán los contribuyentes quienes terminarán asumiendo “el coste de decisiones que nunca eligieron”.

La enmienda de Vox mantiene que el proyecto de condonación perjudica a las comunidades que han gestionado con responsabilidad y transmite el mensaje de que “la responsabilidad fiscal no tiene recompensa”, sino al contrario, se soportarán las consecuencias de las regiones que incumplieron.