En concreto, el Grupo Popular pide la comparecencia del presidente del Gobierno para informar sobre “la gravísima situación que atraviesa la Ciudad Autónoma de Ceuta como consecuencia del incremento de las entradas ilegales de inmigrantes por vía marítima a través de Marruecos a raíz de la imposibilidad de aplicar los rechazos en frontera en ese ámbito”, sobre las medidas “que piensa adoptar para garantizar la integridad de las fronteras españolas y de la Unión Europea y el ejercicio efectivo de la soberanía nacional”, así como “para dar explicaciones sobre la política de cooperación del Gobierno con el Reino de Marruecos en materia de control migratorio, el grado de colaboración existente en la contención de los flujos migratorios irregulares y las actuaciones que se están llevando a cabo”.

La Diputación Permanente debatirá otras nueve iniciativas de la oposición que reclaman la comparecencia por la crisis de Ceuta de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; Defensa, Margarita Robles; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; Juventud e Infancia, Sira Rego; Sanidad, Mónica García; e Igualdad, Ana Redondo.

También tendrá que decidir si el ministro del Interior acude ante el Pleno del Congreso por exigencia del PP “para dar cuenta de la falta de previsión del Gobierno en relación con el proceso extraordinario de regularización de migrantes, cuya estimación situaba en unas 500.000 personas y que, finalizado el plazo de solicitudes, según las últimas informaciones, se han superado notablemente al alcanzar más de 1,2 millones de solicitudes, cifras que en cambio coinciden con las estimaciones policiales y que fueron despreciadas por el Gobierno”.

Además, el principal partido de la oposición ha solicitado la convocatoria de una sesión extraordinaria conjunta de las Comisiones de Defensa y de Interior para que la ministra de Defensa explique “las razones por las que no ha incoado los correspondientes expedientes disciplinarios y acordado la suspensión de funciones de los miembros de la Guardia Civil afectados por imputaciones judiciales y, singularmente, del Director Adjunto Operativo (DAO)”, y para que el ministro del Interior explique “las razones por las que, tras la imputación judicial de la Directora General de la Guardia Civil y del Director Adjunto Operativo (DAO) por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia, no ha promovido los ceses de ambos”.

La Diputación Permanente debatirá otra solicitud del PP para la comparecencia del vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en sesión extraordinaria de la Comisión de Economía “para que informe de la novena modificación de la adenda del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los Fondos Next Generation ante la finalización inminente del mecanismo de ayudas y su impacto negativo en las previsiones y compromisos adoptados por el Gobierno, para generar un impulso transformador del tejido productivo, de la adaptación de nuestro territorio y del bienestar de las familias”.

También se estudiará la comparecencia en sesión extraordinaria de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que informe “de las medidas adoptadas, las inversiones en medios e infraestructuras acometidas, tras la pésima campaña de incendios del año 2025 y su impacto en la devastadora campaña del año 2026, así como del balance de esta campaña, la peor y más destructiva en la historia de nuestro país, con los datos conocidos hasta la fecha”.

Finalmente, el PP ha solicitado otra iniciativa para que la vicepresidenta tercera explique “la modificación del calendario de cierre nuclear tras la aprobación de la Orden TED/864/2026, de 12 de agosto, por la que se concede la renovación de la autorización de explotación de la Central Nuclear Almaraz, Unidades I y II” hasta junio de 2030, frente a la tesis que hasta ahora mantenía el Gobierno de cerrarla en 2027.