Además, también se debatirán las enmiendas a la totalidad del PP y Vox a la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal. Ambos textos fueron aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto y remitidos entonces al Congreso.

El proyecto de ley, que es el primero de ámbito nacional, recoge el ‘sacrificio cero’ de animales de compañía que estén sanos, el fin de algunas prácticas como las peleas de gallos y el tiro al pichón, permitir la cría de animales sólo a personas autorizadas, proteger las colonias felinas, prohibir la venta de animales de compañía en tiendas y no autorizar los circos con animales salvajes.

Además, propone que los futuros propietarios de perros estén obligados a hacer un curso formativo, de lo cual estarían exentos los que tengan animales para caza, guarda o pastoreo.

Sobre esa ley se ha abierto una polémica por una enmienda del PSOE que propone sacar a los perros de caza, rehalas y auxiliares de caza de la protección que les otorgaría la norma. Tampoco estarían incluidos los canes que desarrollan actividades específicas, ya sean deportivas, cetrería, perros pastores y guardianes del ganado, y animales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ello ha desencadenado protestas de diversa índole por parte de grupos animalistas.

A la ley se han presentado tres enmiendas a la totalidad. La del PP, a la que tuvo acceso Servimedia, señala que la norma no potencia la “excelencia” en el bienestar animal y apunta que debería asegurarse la “constitucionalidad” del texto en cuanto a no vulnerar competencias autonómicas en medio ambiente, caza o promoción deportiva, al tiempo que advierte del “impacto” en animales empleados en actividades deportivas, cinegéticas o guarda de ganado.

Por su parte, Vox quiere que el texto se devuelva al Gobierno por rechazar la creación de derechos a los animales al considerar que implica "una amenaza" contra el mundo rural y el sector primario, además de que la norma supone "una agresión contra quienes pueblan el mundo rural español, contra los agricultores, ganaderos, cazadores, rehaleros y, en definitiva, contra aquellos que aman y conocen el mundo animal y su entorno".

El PNV argumenta en su enmienda a la totalidad que “no existe un título competencial específico de atribución competencial al Estado en esta materia” y el “carácter centralizador y reglamentista que se desprende del conjunto de la regulación que se propone”, al tiempo que indica que en el texto “se invaden de forma incontestable las competencias autonómicas” del País Vasco recogidas en el Estatuto de Gernika.

Por otro lado, la reforma del Código Penal propone que las penas por maltrato animal se eleven a hasta 36 meses de prisión, entre otros aspectos.

El PP recalca en su enmienda a la totalidad que el texto no está acompañado de informes de organismos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado, como ha ocurrido con otras modificaciones del Código Penal. Y Vox señala que la norma tiene "un claro propósito de acabar con la caza" al ser redactado con "una óptica claramente animalista".