Impulsada por Junts y por el PSOE, la iniciativa suscita el rechazo de Vox y del PP, que la califican de inconstitucional, pero también de Podemos, que la tacha de “racista”. Si la formación de Ione Belarra mantiene su oposición, la propuesta no llegaría a tramitarse.

Acordada entre PSOE y Junts, esta delegación de competencias se apoya en el artículo 150.2 de la Constitución, que recoge que el Estado puede transferir o delegar a las comunidades autónomas "facultades correspondientes a materia de titularidad estatal" que por su propia naturaleza sean susceptibles de serlo.

Establece también que los Mossos d'Esquadra cogestionen con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas, por lo que podrán ejercer sus competencias en frontera en cooperación con el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado.

Según la iniciativa, Cataluña se configuraría como "ventanilla única" en su territorio para conceder las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración, y se encargaría también de expedir el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español.

Además, la Generalitat sancionaría los procedimientos administrativos. Esto es, podrá instruir y ejecutar expulsiones que no requieran expediente (devoluciones). Las que sí lo requieren, se resolverían a partir de la propuesta formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad catalana.

Contempla también que será la Generalitat quien determine el contingente de trabajadores extranjeros que podrán ser contratados en origen y la que aplique las previsiones de la legislación vigentes en materia lingüística. Por último, los Mossos se ocuparán de la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.