Así se recoge en una proposición no de ley presentada por el BNG en la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad, que salió adelante por 18 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones.

Según su portavoz, Néstor Rego, hace falta “una norma específica que ponga fin al actual vacío legal” y evite el "encaje forzado" de la figura del asistente personal en otras categorías laborales "que no corresponden a la realidad de su trabajo".

La asistencia personal "no es equiparable al trabajo doméstico ni tampoco al trabajo autónomo", precisó. Se trata de “una relación laboral con características propias que deben ser reconocidas y reguladas", exigió.

A su juicio, supone “una herramienta fundamental para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a una vida autónoma". Por ello requiere “seguridad jurídica”, insistió, “tanto para quien recibe la asistencia como para quien la presta”.

La misma Comisión aprobó hoy una proposición no de ley del Grupo Socialista dirigida a impulsar la asistencia personal para las personas en situación de dependencia, también con 18 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones.

Este texto recoge parte de los avances incluidos en el anteproyecto de ley para modificar las leyes de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y General de Discapacidad. De hecho, propone implementar las “medidas necesarias” para desplegar el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de mayo de 2023, donde se establecieron las condiciones específicas de acceso a la asistencia personal.

Asimismo, la iniciativa pide que la asistencia personal “sea compatible con otras ayudas y prestaciones” del sistema y que se le reconozca también carácter de servicio.

FACILITADOR JUDICIAL

Además, la Comisión aprobó con 20 votos a favor y 15 abstenciones una proposición no de ley para exigir la regulación del experto facilitador judicial. A instancias del Grupo Popular, la iniciativa busca generalizar la existencia de dicha figura, que tiene como objetivo posibilitar que las personas con discapacidad participen en los proceso judiciales en igualdad de condiciones.

A continuación, la Comisión respaldó de forma unánime una propuesta acordada entre PP y PSOE para mejorar la atención integral de las personas con enfermedades raras en situación de discapacidad. Impulsada por el Grupo Popular, dicha iniciativa pide mejorar la coordinación entre los departamentos de Sanidad y de Derechos Sociales, así como los circuitos de comunicación y de colaboración entre los profesionales sociosanitarios y las asociaciones de pacientes, y promover la formación en enfermedades raras de los profesionales sanitarios, “especialmente en la Atención Primaria”.

Urge también a “reforzar” la asistencia y la dispensación de tratamientos domiciliarios, considerando “en todo momento” las situaciones de discapacidad que afectan a “buena parte” de las personas con enfermedades raras y otros factores como la situación socioeconómica del paciente o la distancia de su domicilio al centro o unidad de referencia más cercanos”, y llama a “garantizar la equidad” en el acceso a los métodos de diagnóstico precoz, la atención médica y a los tratamientos existentes de los pacientes con enfermedades raras, “independientemente de su lugar de residencia”.

Además, defiende “modificar” el Real Decreto 888/2022 por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad de cara a asegurar una valoración adecuada, que permita “compensar las particularidades, las dificultades y las necesidades diarias que genera el curso de estas patologías”, y propone campañas de información a la ciudadanía, a fin de “luchar contra el estigma social que en muchas ocasiones acompaña a este tipo de patologías”.