El texto establecía una prórroga obligatoria para el propietario una vez cumplida la duración mínima obligatoria del contrato con algunas excepciones, como la necesidad de ocupar la vivienda como residencia habitual por parte del arrendador o sus familiares en determinadas circunstancias.

Durante su intervención en defensa del real decreto-ley, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, afirmó que Sumar en el Gobierno ha hecho “todo lo que ha podido y más en materia de vivienda” y, dirigiéndose a Vox, ironizó con el hecho de que, si gobierna “con la motosierra va a construir la vivienda social para la clase trabajadora” y le pidió que vaya “a otro con ese cuento” y preguntó a los diputados del partido de Abascal “a quién quieren engañar”, convencido de que “votan con Blackstone y los fondos buitre, no con las familias trabajadoras”, por lo cual ve “indigno que vengan a hablar de los trabajadores”.

Al PP le afeó que “su política de vivienda es el ático de la señora Ayuso”, por lo cual sugirió a los diputados del partido de Feijóo que “hay que tener vergüenza”, mientras a Junts le preguntó “¿cómo se defiende a los catalanes tumbando la prórroga de los contratos de alquiler”, convencido de que “defienden unos intereses que son de clase, económicos”, por lo que les instó a “asumir lo que hacen”. “Yo defiendo clarísimamente, y lo hago a aquí para que me griten comunista, el interés de la clase trabajadora; en todas partes, ante quien haga falta, con todas las consecuencias”, contrapuso.

Bustinduy reivindicó el poder de la gente de a pie, convencido de que “han dado una lección otra vez más al mundo entero y van a vencer como la lucha popular organizada, como la lucha de las clases trabajadoras ha conseguido todo aquello que nos hace enorgullecernos como sociedad, que supone progreso y civilización”.

“Y el derecho a la vivienda se va a abrir paso y miraremos atrás y miraremos un país en el que se dejaba acampar a sus anchas a los especuladores, a las rentistas, a los que viven a costa del sudor y del trabajo del pueblo y parecerá mentira”, consciente de que “todos los derechos de la clase trabajadora se han conquistado luchando”.

BRAZO POLÍTICO

“Ninguno ha sido una graciosa concesión de las élites, de los poderosos, de la burguesía, de los patrones a los que esta gente defiende porque son su brazo político, todos se han conseguido igual, poniendo el cuerpo. Y, frente a todo lo que nos querían hacer creer y los mensajes apocalípticos, la gente en la calle va a hacer que el derecho a la vivienda se abra paso”.

Por el PP, Sergio Sayas denunció que el debate de los dos decretos “es un fraude a la democracia” y que el Ejecutivo “ha colado por la puerta de atrás y de espaldas a la voluntad de los españoles unos decretos que este Congreso ya rechazó”, con el voto en contra de PP, Vox y Junts, lo cual juzgó “un acto de totalitarismo y de absolutismo gubernamental”, convencido de que esta “performance antidemocrática” es “el epílogo de una degradación democrática e institucional sostenida durante un Gobierno incapaz a incompetente” tras una huelga general “hipócrita” para “enmascarar a los responsables de que hoy la vivienda sea una misión imposible para el conjunto de los españoles”.

“Basta ya de cinismo, de hipocresía y de tomar por idiotas a los españoles, porque van a ver el 29 de noviembre cómo los españoles no son idiotas y ponen a cada uno en su lugar”, avanzó, convencido del “fraude de una izquierda que ha fallado a las personas vulnerables, a las clases trabajadoras, a las mujeres y particularmente a los jóvenes” y de que “frente a su comunismo trasnochado, históricamente fracasado” el PP “va a enarbolar una reconstrucción nacional de la libertad, de los derechos constitucionales y de un futuro de ilusión y de esperanza para España”.

Por el PSOE, Elisa Garrido criticó que, frente a los dos decretos ley del Gobierno, las derechas “lo que nos ofrecen es la receta de siempre, la del pelotazo urbanístico de la época de Aznar, de la ley del suelo, de la total liberación” y recordó que “la construcción sin regulación solo genera especulación” y que “su receta es desprotección y desregulación para que haya más especulación”.

A QUIÉN PERJUDICA

En este escenario se preguntó “a quién le perjudica” la prórroga de los alquileres y se preguntó si “es que no están suficientemente caros ya” y “no se gana bastante poniendo una vivienda en alquiler”. “¿Necesitan que se pueda seguir especulando más?”, continuó, cuestionando “qué hacen las administraciones del Partido Popular con el dinero que se les traspasa del plan de vivienda”.

“Construir vivienda pública para los suyos, comprarse aticazos de 6 millones de euros para vivir tranquilamente. Esas son las recetas del Partido Popular, eso es lo que hacen ustedes con lo que se les transfiere para invertir en vivienda”, denunció.

Por Vox, José María Figaredo aseveró que “la realidad” es que el Gobierno “desde 2018 no ha hecho nada” y viene “en el tiempo de descuento con el supuesto decreto ley salvífico que va a solucionar todos los problemas que desde 2018, con una incompetencia manifiesta, han sido absolutamente incapaces de ni siquiera reducir”. “De hecho, han hecho todo lo contrario”, agregó, convenció de que, en realidad, “han hecho mucho” y “han creado las condiciones perfectas” porque “son el gobierno de los fondos buitre” porque en el Ejecutivo “ha creado la situación perfecta para la escasez”.

Por Sumar, Tesh Sidi defendió que el de la vivienda es “un derecho crucial” y abogó por “darle soluciones y buenas noticias a la gente”, convencida de que ambos decretos se iban a aprobar “a pesar de los derechas de este país”, en referencia a PP, Vox y Junts, convencida de que “a todas esas personas que se murieron, que se desahuciaron o que no pueden llegar a fin de mes” con estos decretos se les está “dando una respuesta, que, por supuesto que no es suficiente”, mientras que para Enrique Santiago este “decreto Mari Carmen” como lo definió “es el reconocimiento del fracaso social y el dolor que han causado las políticas de liberalización de los arrendamientos de vivienda”.

Por ERC, su portavoz, Gabriel Rufián, lamentó que Sumar “no ha tenido la fuerza suficiente” para “obligar al PSOE a hacer cosas” y que el Gobierno “al final actúa como una ambulancia” y que, en la coalición, el socio minoritario “no ha pintado nada” y urgió a “culpabilizar al PSOE claramente” porque “le cuesta este tipo de cosas” que pretenden cambiar un mercado de la vivienda que “lleva sin regularse o sin intervenirse durante 40 o 50 años” y por eso “estamos como estamos” y desde Junts Jordi Cruset denunció que los decretos del Gobierno “no resuelven el problema” sino que “lo profundizan” en el marco de “una operación electoralista”.

Por Bildu, Oskar Matute afirmó que el decreto establecía “estabilidad y seguridad para inquilinos y propietarios” así como “garantías y justicia para todas las partes” y “no ataca al pequeño propietario”, sino que, en todo caso “pone en cuestión la especulación” inmobiliaria y desde el PNV Maribel Vaquero dijo no creer que “proteger a unos sea ir contra otros”, convencida de que el decreto “no es una buena medida” para “solucionar la crisis” de vivienda.

Por último, la portavoz de Podemos, Ione Belarra se preguntó “por qué hemos normalizado que se eche a los niños y a gente mayor de sus casas porque no puede pagar”. “Esto se tiene que terminar", continuó, emplazando al Ejecutivo a prohibir “todos los desahucios” porque “pueden hacerlo”.