Se trata de la octava prórroga del paquete de medidas que el Ejecutivo ha venido aprobando desde el estallido de la guerra de Ucrania y que ha venido denominando “escudo social”. La norma incluye, entre otras muchas cuestiones, la rebaja del IVA de los alimentos, el incremento del IVA del 5% al 10% el IVA de la electricidad, la subida de las pensiones contributivas, las ayudas al transporte durante todo el año o la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, intervino por primera vez -no lo había hecho durante el debate del decreto sobre el subsidio de desempleo- para trasladar que su formación se mantiene en la posición de impedir la convalidación de los decretos aprobados por el Gobierno, aunque avisando al Ejecutivo de que “están a tiempo de rectificar”.

Nogueras no desveló la posición de Junts, porque, como reconocen fuentes del Ejecutivo y del PSOE, a la una de la tarde aún siguían “negociando” y todavía hay margen. No obstante, Nogueras reprochó al Ejecutivo las formas porque, consideró, la negociación “tiene que ser antes” de la aprobación de los reales decretos y no “a posteriori”.

“Se ha tenido que llegar a una situación límite, como en la que nos encontramos hoy, para que algunos hayan entendido que cuando Junts decía que no daríamos nuestros votos a cambio de nada, queríamos decir que no daríamos nuestros votos a cambio de nada”, comentó la diputada.

Por parte de Podemos, la diputada Lilith Verstrynge no confirmó el voto positivo de su formación y lamentó que el Gobierno lleve al Parlamento un escudo social “recortado”. La diputada insistió en congelar las subidas de los alquileres al 2% -la Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno fijó este límite en el 3% para 2024- y un tope de 2% a las subidas de los precios de los alimentos por parte de las grandes superficies.

Además, señaló que se debería estar debatiendo sobre ampliar las medidas del escudo social y dijo al Ejecutivo que “todas y cada una de estas medidas” deberían “aprobarse de manera definitiva, con carácter permanente y estructural”.

DEFENSA DEL DECRETO

Al comienzo del debate se encargó de la defensa de la norma el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien subrayó que se trata de una norma “necesaria” y que votar en contra implica “bajar las pensiones”, encarecer la factura de la luz y privar a los ciudadanos de un transporte público “bonificado”. Cifró en 3.800 millones de euros la movilización de dinero público con este decreto y elevó hasta los 47.000 millones las ayudas impulsadas desde el inicio de la Guerra en Ucrania.

Bolaños continuó con la presión al resto de grupos parlamentarios indicando que su voto tiene “consecuencias importantes”, porque rechazar el real decreto provocará un aumento del coste de la cesta de la compra y que “en algunas casas en nuestro país tengan que mirar la cartera para ver si pueden llenar el frigorífico”.

Desde Sumar, la portavoz, Marta Lois, dedicó parte de su intervención a criticar a las formaciones que han amenazado hasta el final con votar en contra del decreto. Señaló que se trata de un bloque “un tanto curioso” en el que hay formaciones que recurren a “razones forzadas o exageradas” como la amnistía, en referencia a Junts, o que han “decidido cometer el error de decir que no a todo simplemente porque viene del Gobierno o de Sumar”.

Así, deseó que estas formaciones estén abiertas a tramitar el real decreto como proyecto de ley. “Si no están ustedes abiertos a esa posibilidad tal vez es que, en realidad, no buscan supuestas mejoras”, indicó Lois, sino que lo que quieren es “tumbar” los decretos “para presentarse ante su electorado como si fuesen las posiciones más puristas y esencialistas, las opciones con el valor supuestamente más radical”.

EN CONTRA

Tal y como había confirmado previamente, el PP anunció su voto en contra del decreto. Su diputado Jaime de Olano dio la bienvenida a Bolaños a la “realidad que ha dibujado Pedro Sánchez para España”, ya que se han dado cuenta estos días de “quien gobierna realmente España”, Carles Puigdemont.

El popular aseguró que “no se perjudica a los españoles no aprobando los decretos” y preguntó “hasta dónde están dispuestos a llegar” en las negociaciones con Junts. Exigió al Ejecutivo que retire el real decreto y negocie uno nuevo con el PP en el que no se incluya la subida del IVA de la electricidad, el ajuste del IRPF y añadir carnes y pescados a los alimentos con el IVA rebajado.

Por parte de Vox, José María Figaredo criticó estos decretos “paquetizados” que incluyen medidas “más o menos positivas, todas ellas insuficientes” que se mezclan “con auténtico veneno”. Afirmó que el Ejecutivo no trae tres decretos sino “un pago a los separatistas que les han apoyado a ustedes para mantenerse en el Gobierno”.

“POR RESPONSABILIDAD”

Por otro lado, la diputada de ERC Inés Granollers confirmó el voto afirmativo de su grupo “por sentido la responsabilidad” a un decreto que incluye “medidas muy necesarias” aunque afeó algunas cuestiones como los incentivos a las empresas eléctricas. En la misma línea, Mertxe Aizpurua (EH Bildu) reafirmó el ‘sí “no solo por responsabilidad política, sino por respeto y apoyo a la mayoría social trabajadora y sus derechos”.

Desde el PNV, Idoia Sagastizabal señaló que es un “sí crítico” porque “en un contexto político extremadamente polarizado y en un contexto todavía complejo resulta necesario aportar certezas y seguridad jurídica”, reclamando que haya más “tiempo” para la reflexión. También confirmó su voto afirmativo el diputado del BNG, Néstor Rego.