La iniciativa, que se debatió el martes, se centraba en los migrantes condenados por delitos graves o que incurran en reincidencia dolosa, especialmente frente a los delitos contra la libertad sexual. En ella, además de garantizar el cumplimiento de las órdenes, exigían llevar a cabo una serie de cambios legislativos y reforzar la cooperación judicial con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras autoridades para reducir los plazos. Asimismo, reclamaban impulsar la revisión de los acuerdos con los países de origen y tránsito de la inmigración irregular, incluyendo en ellos sanciones diplomáticas o económicas si los incumplen, además de aumentar los medios humanos y tecnológicos frente a la inmigración irregular. Según los populares, en 2025 apenas se ejecutaron el 7% de las órdenes, lo que, denuncian, confirma ”la incapacidad del Gobierno”.

De los cinco puntos que se votaban, salieron adelante dos: el que insta al Gobierno a "garantizar la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión" y el que reclama sanciones para los países de origen que incumplan los acuerdos.

Para defenderla, la diputada del PP Ana Alós denunció que en España “incumplir la ley sale gratis”, al tiempo que cargó contra la regularización masiva de migrantes impulsada por el Gobierno, lo que, dijo, generará un efecto llamada que va en contra del nuevo reglamento de retorno.

Por ello, subrayó que su iniciativa incide en la necesidad de que las resoluciones “se cumplan” y que quien comete delitos graves o reincide “no puede seguir en nuestro país”. “Humanidad, sí, pero también Justicia; integración, sí, pero también cumplimiento de la ley”, dijo tajante la parlamentaria popular. Y, zanjó señalando que su iniciativa “va a favor de lo que esperan nuestros socios europeos de un país fiable”.

"INCOMPETENCIA"

Una línea muy similar a la que siguió el diputado de UPN Alberto Catalán, quien denunció que el Ejecutivo “no tiene una política migratoria real” porque actúa “en función de las circunstancias” y de sus “intereses partidistas y sectarios”. Catalán, que anunció su voto a favor, cargó contra la regularización del Gobierno y consideró “vergonzoso” el nivel de cumplimiento de las órdenes de expulsión.

Muy crítica con la iniciativa, por el contrario, se mostró la diputada de Podemos Noemí Santana, quien inició su intervención acusando al PP de “competir con Vox” por “endurecer” su discurso migratorio. En esta línea, señaló que los populares buscan “rascar votos hacia su derecha”, por lo que se “mimetizan” con Vox. Y defendió que la regularización de migrantes significa “fortalecer nuestra seguridad social”, además de “garantizar derechos laborales” y “combatir la explotación”.

El tono más duro llegó de la mano de Ignacio Gil Lázaro, de Vox, formación que presentó una enmienda de adición para darle “mayor firmeza y contundencia”. En ella, entre otras exigencias, clama por la derogación del real decreto que aprueba el nuevo reglamento de extranjería y por aumentar el número de años para adquirir la residencia de larga duración.

Por parte de Bildu, Jon Iñarritu hizo hincapié en que la migración “no es un problema”, dejando claro que esa percepción existe debido a los bulos de “la derecha más extrema”. Por el contrario, defendió que la población migrante aporta un 70% más de lo que recibe, lo que es “beneficioso”. También negó la vinculación entre “delincuencia y nacionalidad”, por lo que volvió a señalar que el PP copia el discurso de Vox. Y zanjó su intervención acusando a los populares de “xenofobia”.

Por su parte, la diputada de Junts Marta Madrenas comenzó señalando que de lo que se hablaba era de “personas que han cometido un delito y que un juez estima que tiene que ser expulsadas”, mientras que “el Gobierno no ejecuta la orden”. Tajante, apuntó: “Si eso es xenofobia, pues no sé, tenemos un problema”. También criticó en cierto modo la iniciativa porque “utiliza datos parciales, fuera de contexto” y “débiles”. Algo de lo que culpó al Gobierno, porque “PSOE y Sumar ocultan sistemáticamente esta información”. Por todo ello, la diputada de Junts aprovechó para reclamar de nuevo las competencias en inmigración: “Si Cataluña dispusiera de los datos y las competencias, la respuesta sería mucho más efectiva”, dijo seria.

Por parte de ERC, Francesc-Mar Álvaro también acusó a los populares de querer parecerse a Vox y “ganar la subasta de la ultraderecha”. También les acusó de seguir el “dictado de Trump” con iniciativas como esta.

"PEAJE" DEL PP A VOX

Con dureza también se expresó el diputado de Sumar Enrique Santiago, quien insistió en la idea de que PP y Vox usan “la desconfianza hacia los extranjeros, trabajadores y pobres para azuzar problemas de convivencia”. Recordó las regularizaciones llevadas a cabo por el Gobierno de José María Aznar, criticando en este sentido que “son necesarias cuando las hace el PP pero son malísimas si las hace otro Gobierno”.

En lo que se refiere a la iniciativa, criticó, por ejemplo, que proponga sanciones a los países de origen o tránsito de los migrantes, “a los países más pobres”. Todo, subrayó, es el “peaje que el PP paga a Vox para que le permita gobernar en Extremadura y en Aragón”.

Por último, el diputado del PSOE Manuel Arribas se sumó a los partidos que acusaron al PP de “alimentar el miedo” con su propuesta: “Cuando la derecha no tiene soluciones, siempre busca un enemigo”, y “siempre al más débil”, dijo. También tachó a los populares de “racistas” por competir con el discurso de Vox. En clave electoral, Arribas, diputado por Ávila, avisó: “Les sacaremos de la Junta de Castilla y León el 15 de marzo”.