Lo hizo por 33 votos a favor y una abstención en un debate en el que se incorporó una enmienda planteada por el PSOE en la que se reconoce los esfuerzos normativos y de gestión del Gobierno en esta materia.

El texto aprobado por la Cámara Baja insta al Ejecutivo a impulsar las medidas oportunas para “actuar sobre el necesario y especial reconocimiento que merecen aquellas familias que, entre sus miembros, cuentan con algún menor con discapacidad, poniendo en marcha medidas que permitan sensibilizar a los ciudadanos de los obstáculos a los que se enfrentan diariamente estas familias”; a desarrollar políticas a escala económica, psicológica y social que ayuden a mejorar la vida de estas familias; a poner en marcha las iniciativas que permitan remover los obstáculos que las personas con discapacidad se encuentran a nivel educativo y laboral; y a luchar contra las dificultades que los jóvenes con discapacidad encuentran para acceder al ocio, cultura y actividades de tiempo libre en igualdad de condiciones que sus pares sin discapacidad.

En su defensa de la iniciativa, la diputada del PP Elena Castillo explicó que el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos “reconoce el valor de las familias” y que el artículo 39 de la Constitución conmina a los poderes públicos a garantizar “la protección social, económica y jurídica de la familia”.

En ese sentido, comentó que “cuando una familia cuenta entre sus miembros con alguna persona con discapacidad, a las funciones que debe desarrollar como cualquier otra familia se le suma un reto mayor, el de atender al individuo con discapacidad”.

Tras reconocer “las mejoras introducidas en la salud, en el acceso a la información y la democratización del saber”, adujo que la juventud con discapacidad de 16 a 35 años “soporta graves carencias y omisiones que afectan a su desarrollo integral, al ver limitados derechos tan básicos como: la igualdad de acceso a la educación, al empleo, la salud, el medio ambiente, la participación en la vida social y política, la toma de decisiones, la tutela efectiva, la información, la familia, la vivienda, el deporte y la cultura en general”.

A ello se suma que la participación de los jóvenes con discapacidad en el mercado laboral es inferior a la de aquellos que no tienen discapacidad y que el 72% de los jóvenes con discapacidad en edad laboral no tiene empleo ni lo busca.

Por esa razón, consideró oportuno poner en marcha “políticas públicas vigorosas, eficaces y eficientes, tanto juveniles como de la discapacidad, para garantizar su igualdad de oportunidades y eliminar o atenuar las desventajas objetivas que puedan impedir o dificultar su plena participación comunitaria y ha de hacerse desde la infancia”.

INICIATIVA "ACERTADA"

En la defensa de su enmienda, Laura Berja definió como “acertada” la iniciativa del PP, aunque echó en falta una apelación a “los esfuerzos normativos y de gestión del Gobierno de España”. Por ello, respetando la literalidad de todos los puntos, reclamó incorporar en el texto la expresión “continuar trabajando” en la mejora de la situación de las familias con menores con discapacidad, para “lógicamente indicar que el Gobierno lleva toda la legislatura ocupado y preocupado” en esta cuestión.

A su vez, Lourdes Méndez (Vox) presentó otra enmienda que no fue aceptada por el PP, para incluir un apartado en el que “se reconozca y se promueva que las administraciones competentes adopten las medidas necesarias para proteger y ayudar a familias con hijos con discapacidad a cargo, especialmente en el sostenimiento de los gastos en función de las necesidades y circunstancias del caso concreto y en condiciones de igualdad en todo el territorio español”.

Enmienda al margen, señaló la importancia de atender este tipo de iniciativas en un momento en que “el periodo legislativo o el impulso legislativo en España está tendiendo a realidades ficticias, a atomizaciones identitarias, a divisiones de la sociedad, a una serie de cuestiones que no atienden a la realidad de las cosas”.

REDUCIR DESIGUALDAD

Por su parte, Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) respaldó la proposición no de ley, y recordó que actualmente en España viven alrededor de 130.000 menores de edad con discapacidad, el 43% de los cuales sufre déficit de atención temprana, lo que “les aboca a mayor vulnerabilidad, mayor discriminación y mayor falta de oportunidades y de futuro”.

Sara Giménez (Ciudadanos) también la apoyó, llamando a atajar los factores que provocan que las personas con discapacidad tengan “menores oportunidades laborales, problemas de salud y sean dependientes de sus familias y de las autoridades gubernamentales”.

Por último, Marisa Saavedra (Podemos) se asombró de la “hipocresía” del PP en materia de discapacidad, acusándole de “desmantelar” el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y de tener una visión de la familia “estrecha” y una concepción “paternalista y anticuada” de la discapacidad. A pesar de ello, apoyó la iniciativa porque reconoce “lo que está haciendo ya este Gobierno”.