Pradas, que estaba al frente de la consejería responsable de la gestión de emergencias el día de la tragedia, deberá responder sobre el retraso en el envío de la alerta masiva a los teléfonos móviles de la población, que no llegó hasta pasadas las 20.00 horas, cuando numerosas localidades ya estaban inundadas. Por su parte, Mompó será interrogado sobre el papel de la Diputación de Valencia en la coordinación de la respuesta y en las labores de reconstrucción posteriores.

Las dos comparecencias llegan una semana después de que pasara por esta misma comisión Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, que declaró el pasado lunes en una de las sesiones más esperadas desde la constitución del órgano parlamentario.

En esta segunda comparecencia por la dana en la Cámara Baja, Mazón se acogió a su condición de personado en la causa que instruye un juzgado de Catarroja para no contestar a ningún grupo hasta que finalice la investigación, con el argumento de que solo los jueces pueden valorar su actuación. Antes de guardar silencio, volvió a desvincularse de la gestión de la catástrofe de hace dos años, que dejó 232 fallecidos, y presentó como aval el auto del Tribunal Superior de Justicia valenciano que rechazó investigarle, una decisión que recalcó que fue unánime. El dirigente del PP conserva el acta de diputado autonómico, por lo que sigue aforado ante ese tribunal.

CRÍTICAS DE LOS PARTIDOS

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, leyó pese a todo las preguntas enviadas por familiares de las víctimas y llegó a llamarle "homicida imprudente", "inútil" y "psicópata", lo que obligó a la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez, a recordar que en ese foro se depuran responsabilidades políticas y no penales.

La actitud del expresidente valenciano en el Congreso dio lugar a que la ministra de Ciencia y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, exigiera al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le retire el acta y acusó al PP de protegerle y de representar "la impunidad desvergonzada".

Mazón está personado en el procedimiento del juzgado de Catarroja desde que la Audiencia Provincial de Valencia estimara en junio su recurso de apelación. Su defensa atribuye la responsabilidad de la gestión al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) y niega que el expresidente interviniera en la modificación o el retraso del mensaje Es-Alert.