La propuesta pide que se estudie, en la futura reforma del Impuesto de Sociedades, la posibilidad de ofrecer incentivos económicos a aquéllas empresas del sector audiovisual que colaboren en la eliminación de barrers de comunicación.

Este es el contenido de una enmienda propuesta por el diputado del Grupo Popular Teófilo de Luis para sustituir la propuesta que Izquierda Unida llevó a debate a esta comisión, en la que se contemplaban medidas más amplias para la subtitulación de programas de televisión y productos cinematográficos.

La portavoz de IU en la Comisión de Educación, Marisa Castro, argumentó que existen actualmente en España cerca de tres millones y medio de personas con problemas auditivos, lo quehace necesario poner en práctica medidas que garanticen el acceso de este colectivo a la cultura y la información.

Para ello, insistió en la importancia de que tanto las televisiones públicas y privadas como las productoras cinematográficas introduzcan subtítulos en todos sus productos, a fin de alcanzar las cuotas de subtitulación que ya existen en otros países europeos.

Castro resaltó que la subtitulación de programas supone un "coste mínimo" y hace posible la integración y participación de laspersonas con discapacidad auditiva en la sociedad, por lo que recalcó que "el esfuerzo vale la pena".

El Grupo Socialista, representado por Amparo Marzal, apoyó esta iniciativa, aunque presentó una enmienda para que se concediese a las productoras un plazo de cuatro años para realizar el esfuerzo técnico y económico necesario para poner en marcha esta iniciativa.

No obstante, el Grupo Popular y CiU se opusieron a esta propuesta porque, pese a compartir el fondo de la cuestión y ser partidarios dela eliminación de barreras de comunicación, consideran que la iniciativa tiene defectos de forma que no la hacen viable.

PROPUESTA "INTERVENCIONISTA"

El diputado del PP Teófilo de Luis indicó que ya se están dando pasos para fomentar la subtitulación, pero resaltó que el Congreso no puede imponer obligaciones a las televisiones autonómicas, que no son competencia del Gobierno central, ni a las empresas privadas.

Subrayó que no es posible obligar a productoras y operadores de televisión privadosa poner en práctica medidas que podrían comprometer su viabilidad económica, por lo que sólo sería aceptable tener en cuenta su voluntad de eliminar barreras de comunicación en la renovación u otorgamiento de nuevas concesiones.

Por lo que respecta a RTVE, explicó que el proceso de reestructuración en el que se encuentra actualmente el ente público hace conveniente esperar a incluir medidas en este sentido en el nuevo marco jurídico.

El portavoz de CiU en la comisión, Ignasi Guardans, coincidió cn De Luis en que, aunque "todos estamos a favor de la máxima protección de los discapacitados", la propuesta de IU no distingue entre televisión pública estatal y autonómica, y no tiene en cuenta que obligar a empresas privadas a asumir estas iniciativas supondría una política "intervencionista" incompatible con la libertad de empresa.

En este sentido, indicó que se debe promover la eliminación de barreras "por otros cauces" que lleven a las productoras y operadoras de televisión a sentirse "moral, poítica y socialmente obligadas" a ello. Por ello, apoyó la enmienda transaccional propuesta por el PP en sustititución del texto de IU.