En la presentación de la proposición, el portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Trabajo e Inmigración, Manuel de la Rocha, subrayó que este Consejo "va a garantizar la capacidad de negociación con el Estado" de las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos.

De la Rocha recordó que la creación de este Consejo se incluye en el Estatuto del Trabajo Autónomo, aprobado por el Congreso en la pasada legislatura, como el vehículo de "participación institucional de los trabajadores autónomos".

El PSOE aceptó la enmienda presentada a esta proposición por CiU en la que reclama al Gobierno que establezca el criterio de representatividad por la que se seleccionarán las asociaciones que participarán en el consejo.

El portavoz de CiU en la Comisión, Carles Campuzano, explicó que la enmienda busca "recordar al Gobierno que el reconocimiento de estas asociaciones debe ir precedida por el planteamiento de la representatividad".

En este sentido, afirmó que en la actualidad existen una serie de asociaciones que "todos reconocemos" como representantes del colectivo, pero añadió que "hay otras" que también "reclaman ser representativas".

El PP también presentó una enmienda a la proposición relativa a fijar un plazo para la creación del consejo, aunque en este caso no fue aceptada por el PSOE.

El portavoz del PP en la comisión, José Eugenio Azpiroz, mostró su sorpresa ante esta proposición, ya que, en su opinión, supone que el partido que apoya al Gobierno le insta a que acate la ley.

"Que el Grupo Socialista inste al Gobierno a la mayor brevedad posible de la creación del consejo autónomo, sin más, a uno le entran ganas de rechazarla", aseguró.

La intención del Grupo Popular era fijar un plazo de tres meses para la creación del Consejo. "No nos vamos a oponer a la proposición, pero volver a repetir aquí lo que pone en la ley nos parece algo innecesario", indicó.

El diputado del PNV Emilio Olabarría afirmó que "tampoco comprendía muy bien el sentido de la iniciativa", dado que "parece una obviedad exigir al Gobierno que cumpla las leyes". "Y parece más paradójico aún que lo haga el propio partido que lo apoya", añadió.

Por parte de IU, Gaspar Llamazares subrayó que su grupo apoya la proposición y afirmó que es "probable" que el Consejo sea "una realidad a mediados de este año", por lo que "no vemos el problema a ponerle un plazo".

Por último, la diputada de BNG María Olaia Fernández Dávila insistió en criticar el hecho de que sea el PSOE quien pida al Gobierno que cumpla ley y se preguntó si esto "significa que a partir de ahora nos va a presentar el Grupo socialista toda la legislación aprobada en la pasada legislatura para loarla".