La iniciativa contó con 17 votos a favor (del PP y Vox), 16 en contra (del PSOE, Sumar y el PNV) y dos abstenciones (Esquerra y Junts).

El informe que debería enviar anualmente el Gobierno a la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso, según lo aprobado, deberá incluir el importe total recaudado en el año anterior, el desglose de las actuaciones financiadas con esos ingresos, la identificación de los programas concretos en materia de seguridad vial y conservación de infraestructuras, y los indicadores necesarios para evaluar la eficacia de esas actuaciones.

Además, la proposición no de ley insta al Ejecutivo a garantizar que la aplicación de estos recursos se ajusta plenamente al carácter finalista establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, esto es, que el importe de las sanciones económicas por vulnerar esa norma se destine íntegramente a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevención de siniestros de tráfico y ayuda a las víctimas.

“INTERROGANTES”

La portavoz del PP, Bella Verano, apuntó en la defensa de la iniciativa que el Gobierno ha aumentado un 54% la recaudación por multas de tráfico desde 2018. “Son más de 200 millones de euros al año adicionales cada año. Y es que es normal porque cada día vemos más radares, más controles, más medios para sancionar en todos lados, ocultos, visibles, móviles…”, añadió.

Verano indicó que “los datos de siniestralidad vial no muestran una reducción proporcional a este aumento de control y vigilancia”, lo que plantea “interrogantes sobre la eficacia real, además de la percepción creciente de los ciudadanos de que, más que una finalidad preventiva y disuasoria, la finalidad de estos controles sea recaudatoria”.

“Si se recauda cada vez más en sanciones de tráfico y si la propia ley dice que ese dinero tiene que volver íntegramente a la seguridad vial, ¿por qué tenemos nuestras infraestructuras en este pésimo estado? ¿En qué se están gastando el dinero? ¿Por qué no sabemos con absoluta claridad dónde termina cada euro?”, se preguntó.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, respondió que los datos que solicita el PP sobre ingresos por sanciones viales están en la web de la Dirección General de Tráfico (DGT) y los de imputación de costes se obtienen de aplicaciones presupuestarias instrumentadas por el Ministerio de Hacienda.

Lorenzo subrayó que la DGT tiene competencias para mejorar el comportamiento de los usuarios en las vías, reducir los siniestros viales y el número de víctimas, y promover la movilidad segura, pero no de conservar las carreteras. “Si hablan de baches e infraestructuras públicas, recuerden que el Estado es solo responsable del 16% de las vías en este país”, apostilló.

PAGO PROGRESIVO

Manuel Mariscal, portavoz de Vox, comentó que la DGT recaudó más de 600 millones de euros en sanciones durante el último año, mientras “más de la mitad de las redes presenta deficiencias graves o muy graves y cerca de 34.000 kilómetros necesitan actuaciones urgentes”.

“El español que circula con su coche por una carretera española ya ha pagado muchas veces esa carretera. Lo hace cuando compró el coche pagando el correspondiente IVA, con el impuesto de matriculación, con el impuesto de circulación, con los impuestos al carburante, con los peajes y al final, también con la multa”, comentó.

Por último, el portavoz de Sumar, Fèlix Alonso, afeó al PP y Vox que quieran “derivar” los 600 millones recaudados el último año para “arreglar los baches de las carreteras” cuando para esto “se necesitan 5.000 millones”.

Alonso propuso importar a España el modelo de Países Bajos de “peaje sin barreras y tarifa modulable”, que se aplica a los camiones y tiene en cuenta el peso y ofrece bonificaciones si son eléctricos, y que el importe de las multas sea progresivo y equitativo. “Pagar una multa de 100 euros no supone el mismo esfuerzo para quien cobra 5.000 euros o más para que quien cobra solo el salario mínimo”, recalcó.