La proposición, aprobada por unanimidad en la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, insta al Ejecutivo, concretamente, "a impulsar acuerdos con comunidades autónomas, entes locales, órganos judiciales e instituciones para ampliar la atención a discapacitados y enfermos mentales que se encuentren en prisión y de los sometidos a medidas de seguridad".

Además, la iniciativa, defendida en la Cámara por la socialista María José Sánchez Rubio, pide a las administraciones que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y a sus familias a la hora de llevar a cabo estos acuerdos y de ampliar, por tanto, su protección dentro de las cárceles españolas.

Según Sánchez Rubio, ampliar la atención de los reclusos con discapacidad es "absolutamente imprescindible" para facilitar su integración, algo con lo que estuvo de acuerdo el popular Francisco Vañó, quien incidió en la necesidad de que las personas con discapacidad y sus familias tengan voz en las medidas que les atañen.