La PNL, presentada por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), compromete al Gobierno a incluir a estas mujeres en la Ley de Memoria Democrática, así como a investigar la red de centros que formaban parte de esta institución desde su creación el 6 de noviembre de 1941 hasta su disolución definitiva el 1 de agosto de 1985.

El texto, que fue aprobado en los términos de una enmienda transaccional acordada por los Grupos Socialista, Republicano y Junts per Catalunya y por 176 votos a favor, 170 en contra y ninguna abstención, solicita también el establecimiento de “mecanismos administrativos necesarios para garantizar la efectividad de este reconocimiento y el acceso a los derechos que se deriven del mismo”.

La iniciativa insta al Gobierno a "elaborar un inventario completo de todos los centros, instituciones y establecimientos que en algún momento dependieron o estuvieron vinculados al Patronato de Protección a la Mujer a lo largo de su historia, con el objetivo de identificar posibles fondos documentales o testigos que permitan reconstruir el funcionamiento real de este sistema represivo".

El texto reclama al Ejecutivo que promueva "las modificaciones legislativas necesarias" para que estas víctimas tengan derecho a "percibir una indemnización pecuniaria como medida de compensación y reparación, así como el procedimiento para obtenerla, en la línea de lo que ya se contemplaba en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica para determinadas víctimas de la dictadura".

Del mismo modo, la PNL aprobada solicita el desarrollo de una “estrategia específica de información y difusión” del reconocimiento y de los derechos de las víctimas, con especial atención a las mujeres mayores afectadas, mediante la colaboración con entidades de memoria, asociaciones, servicios sociales y organizaciones de mayores.

Igualmente, se propone elaborar, en el plazo máximo de un año, "un inventario exhaustivo de toda la documentación relativa al Patronato de Protección a la Mujer, conservada en archivos de ministerios, organismos públicos, administraciones territoriales, incluyendo registros, expedientes personales, ficheros y cualquier otro fondo documental vinculado al funcionamiento de esta institución".

El Pleno aprobó también instar al Gobierno a crear un grupo de trabajo específico en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, con expertos y representantes de las víctimas, para analizar y supervisar la documentación del patronato y emitir recomendaciones que impulsen su recuperación, preservación, difusión y el avance en las políticas de verdad, justicia y reparación.

Por último, la iniciativa pide al Gobierno garantizar la conservación, digitalización y acceso público a la documentación del Patronato de Protección a la Mujer, asegurando el derecho a la información de víctimas, investigadores y ciudadanía.

Durante el debate de la PNL que tuvo lugar el martes, la diputada del Grupo Republicano Etna Estrems indicó que el Estado no puede dejar sobre la espalda de las víctimas la responsabilidad de documentar lo ocurrido. Por su parte, desde Junts, la diputada Pilar Calvo afirmó que en el Patronato se obligaba a las mujeres a hacer trabajos forzados, y reclamó que se cuente con todas las instituciones para esta reparación.

La diputada socialista María Adrio aprovechó su turno para rendir homenaje a "las olvidadas": "Esas mujeres y niñas, víctimas del patronato, porque lo que no se nombra no existe. Las quisieron callar y algunas las callaron de por vida, sintiéndose culpables en vez de víctimas, estigmatizadas, ocultando su paso por el mismo, pero otras, entre ellas y principalmente Consuelo García de Cid Guerra, alzaron la voz. Y en 2012 publicó su ensayo 'Las Desterradas Hijas de Eva', el título lo dice todo, sacando a la luz la historia de abusos, robos de bebés y violaciones de los derechos humanos".

Por el Grupo Mixto, los diputados Néstor Rego y Martina Velarde Gómez mostraron su apoyo a la PNL aunque esta última indicó que "llegamos tarde" con este reconocimiento.

Por su parte, Maribel Vaquero, del PNV, e Isabel Pozueta Fernández, de EH Bildu, indicaron la urgencia de poner en marcha las medidas. La parlamentaria Esther Gil de Reboleño (Sumar) destacó que lo sufrido por las internas del patronato es una de las "deudas más dolorosas y silenciadas de la democracia".

Lejos de esas posiciones se mostró la parlamentaria de Vox Rocío Aguirre, que indicó que en 1902 el Ministerio de Justicia creó el Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas y "posteriormente con la llegada de la Segunda República en 1931 esta institución se reorganizó con el nombre de Patronato de Protección a la Mujer en cuya junta estaba su admirada Clara Campoamor, que lo sepan", indicó. Y señaló que el Patronato funcionó bajo "todo tipo de regímenes": el reinado de Alfonso XIII, la República y los gobiernos de UCD y el PSOE al inicio de la democracia. "No era una anomalía", explicó Aguirre.

La parlamentaria de Vox dijo que su partido asume la historia "con sus luces y sus sombras", pero afirmó que no pueden hacerlo en base a la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 "por este Gobierno del PSOE y sus socios comunistas y separatistas". "Esta ley lo que quiere es obligar a una parte de los españoles a condenar a sus abuelos", argumentó.

Por el Grupo Popular, Silvia Franco inició su intervención enviando un mensaje de solidaridad a las mujeres internadas en el patronato "que sufrieron vulneraciones de sus derechos, de su dignidad". "Fueron víctimas de un aparato de control autoritario que utilizó el Estado para intentar disciplinar sus vidas, su pensamiento, incluso su sexualidad", añadió. "Lo que sí es cuestionable es la instrumentalización del dolor" de estas víctimas, explicó para mostrar su rechazo a la PNL.