Después de que el pasado viernes concluyera el plazo de presentación de enmiendas, este lunes la ponencia cerró el mínimo acordado y el martes la Comisión de Justicia aprobó el texto definitivo, con las enmiendas aprobadas, con lo cual la Junta de Portavoces pudo habilitar una segunda sesión plenaria este jueves para la votación final de esta proposición de ley

Será en una segunda sesión plenaria porque el orden del día del Pleno de esta semana ya estaba cerrado y para modificarlo se requiere una unanimidad que no concedieron los grupos de la oposición.

Este paso de ir al Pleno es requisito indispensable porque se trata de una modificación de una ley orgánica, por lo que el dictamen de la Comisión debe ser discutido en el Pleno, donde el texto definitivo ha de obtener el apoyo de la mayoría absoluta antes de ser remitido al Senado para continuar allí su tramitación.

Si se cumplen todos los plazos previstos en el Congreso, en el Senado la tramitación también será exprés, de manera que se eleve a un Pleno que los socialistas prevén que se habilite en la última semana del mes y del año, para que la reforma resulte aprobada de manera definitiva por las Cortes antes de la llegada de 2023.

El dictamen aprobado el martes por la Comisión de Justicia con 19 votos afirmativos, 17 en contra y una abstención, elimina el delito de sedición y modifica el de malversación, para el que se reducen las penas de cárcel a un máximo de cuatro años si no hay lucro personal.

La aprobación del informe se produjo tras un debate de hora y media, en el que los partidos que apoyan al Gobierno y los de la oposición se acusaron mutuamente de estar protagonizando un “golpe” y debilitando a la democracia.

FRANCO Y LOS “SEDICIOSOS”

Así, Jaume Asens, de Unidas Podemos, afirmó que Franco acusaba de “sediciosos y golpistas” a sus opositores, al tiempo que afirmó que la negativa del PP a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un “auténtico golpe a la democracia” y la “más grave” actuación de este tipo desde el 23-F.

Por su parte, Francisco Aranda, del PSOE, defendió que el fin del delito de sedición y la reforma del de malversación busca recuperar los “puentes rotos” en la sociedad catalana y dar una oportunidad a la política. También denunció el “boicot institucional” del PP por no acordar la renovación del CGPJ.

Asimismo, Carolina Telechea, de ERC, cuyo partido reclamó los cambios legales sobre la sedición y la malversación, definió como “reforma positiva” el texto que será debatido el jueves en el Pleno del Congreso.

Telechea señaló que su partido busca la independencia de Cataluña para hacer sus propias leyes, pero que, hasta entonces, usarán “todas las herramientas” de la legislación española para “mejorar la vida de la gente”, algo que sostuvo sucede al “derogar el delito de sedición” y “limitar” el de malversación “sin despenalizarlo”.

“BASURA LEGISLATIVA”

Por el contrario, el diputado del PP Luis Santamaría sostuvo que con esta reforma penal España está “más cerca que nunca” del referéndum independentista en Cataluña, al tiempo que reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ponga un “puente de plata” para que vuelva a la política activa el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Santamaría censuró el “autoritarismo” de Sánchez y el estar protagonizando la “etapa más negra de nuestra etapa reciente”, por lo que le emplazó a convocar ya elecciones generales para que los españoles se pronuncien sobre sus reformas.

A su vez, Javier Ortega Smith, de Vox, tildó de “basura legislativa” la reforma sobre la sedición y la malversación, al tiempo que tildó estos cambios legales de “claro y evidente golpe de Estado institucional”. Señaló que los “únicos” a los que favorecen estas modificaciones penales son los independentistas, que destacó que llevan décadas intentando romper España “con violencia y coacción”.

Asimismo, Edmundo Bal, de Ciudadanos, señaló que la reforma que irá el jueves al Pleno del Congreso es “uno de los más graves atentados que hemos visto en la historia de la democracia española”. Apuntó que derogar el delito de sedición deja "absolutamente indefensa" a la Constitución.