En concreto, la diputada 'popular' María Jesús Moro aseguró que la Ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU) es la "ley antisistema universitario español" y "la ley de Esquerra Republicana". Asimismo, lamentó que no se reconociese la labor de todo el personal universitario que contribuyó a aminorar el efecto de la covid durante el confinamiento como personal esencial y de otros profesionales, entre los que enumeró a los geólogos españoles que trabajan en la Antártida, aspirantes a astronautas o expertos en inteligencia artificial y ciberseguridad.

Para su queja, Moro se basó en la intervención que había protagonizado minutos antes Marta Rosique (ERC), quien presumió de que su grupo ha conseguido "que se promueva una universidad pública de calidad democrática y accesible", tras haber logrado que el "texto inasumible" que presentó Manuel Castells hace tres años haya incorporado 150 enmiendas y que las "mayorías en la negociación" pasasen "por los partidos catalanes y vascos". En su intervención, la parlamentaria catalana también advirtió de que harán seguimiento de los acuerdos conseguidos y de la necesidad de aumentar la financiación por parte del Estado.

Tras este debate del dictamen remitido por la la Comisión de Ciencia (donde se presentado más de 800 enmiendas para mejorarlo), el texto se votará este jueves para su posterior remisión al Senado. Se espera que la tramitación, según el calendario que maneja el Gobierno, indicaron fuentes universitarias culminará en el primer trimestre de 2023. El Ministerio es "optimista" de cara a la votación de mañana para tener los apoyos necesarios para que salga adelante la ley.

El Proyecto de Ley Orgánica del sistema universitario tiene como objetivos, según su exposición de motivos, la consecución de una universidad de calidad, accesible, equitativa e internacionalizada.

Para ello, la propuesta modifica las condiciones laborales del profesorado asociado, convirtiendo las plazas temporales en indefinidas, "con el objetivo de reducir la temporalidad". También persigue mejorar las condiciones del personal docente e investigador, para garantizar, entre otros, "derechos por antigüedad o derechos a complementos salariales".

Esta iniciativa, a su vez, plantea el compromiso de gasto mínimo del 1% del PIB y establece títulos propios de formación a lo largo de la vida mediante modalidades diversas, incluidas microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración, que podrán tener reconocimiento académico.

A todo ello se refirió el ministro de Universidades, Joan Subirats, que cerró el debate en el Pleno. Defendió que se trata de "una ley totalmente necesaria" cuando la actual lleva en vigor 21 años y que surgió en un momento en el que aún estaban sin desplegar las competencias de las comunidades autónomas y eran "inimaginables" los cambios tecnológicos que se han producido desde entonces.

El ministro aseguró que el texto es fruto de una "amplísima consulta" y "diálogo intenso" con todos los sectores, tras haber visitado desde que llegó al cargo hace un año unas 30 universidades (públicas y privadas) y haber mantenido 150 reuniones con representantes y expertos del sector. Con esta "construcción de consenso", remarcó, ha tratado de "contribuir a que el sistema encare los próximos años" con una nueva ley.

DEBATE

El debate trascurrió con unas formas más moderadas de las que se acostumbran últimamente en el Parlamento. Lo inició José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que aseguró que con las enmiendas "el proyecto ha cambiado poco y a peor" y que esas modificaciones se deben a "concesiones a algún partido". Dijo que no apoyaba la LOSU porque entiende que es una "ley continuista de la LOU que no cambia lo esencial y empeora aspectos de la carrera académica". Asimismo, indicó que el texto incluye una "declaración de intenciones" a la que en la parte dispositiva "no se responde".

El parlamentario catalán Albert Botran (CUP) confesó que tiene "muchas dudas" de la aplicación de la LOSU, a pesar de los "avances" que propone, pues "sin financiación no hay estabilización posible", dijo en referencia a que "no hay memoria económica".

Por EH-Bildu tomó la palabra Isabel Pozueta, quien indicó que nuestras universidades necesitan leyes que respondan a las necesidades del día adía y de lo que pueda surgir en el futuro. Imperativo del ministerio en mantener "demasiados equilibrios" con las universidades privadas. Es una ley "poco ambiciosa" que no mejora el sistema "todo lo que podría haber sido". "Es una oportunidad perdida", zanjó, afeando también la falta de financiación y de participación.

Una percepción más positiva tiene la diputada Josune Gorospe (EAJ-PNV), que aseguró que la ley supone "avances muy significativos" pues incorpora aspectos "muy importantes" para "el territorio vasco", como el refuerzo de la cooperación transfronteriza universitaria con Francia y la promoción del euskera como lengua académica.

PESAR Y RABIA

Juan Ignacio López-Bas, de Ciudadanos, mostró su "pesar" y "rabia" por que se use la Universidad "con fines políticos y partidistas". "Es un fracaso si voluntariamente no se ha querido hacer la mejor ley posible", remarcó, lamentando que se hayan rechazado algunas de sus más 60 enmiendas y sí hayan prosperado otras de otros grupos que son "inaceptables". "No la vamos a apoyar, es una oportunidad perdida", zanjó.

Sergi Miquel (PDeCAT) tendió la mano al ministro "para negociar cuestiones pendientes" en su tramitación parlamentaria, en referencia a que de las 100 enmiendas presentadas por su grupo, "sólo transaccionado seis". El objetivo, planteó, es que la futura ley "dure 20 años".

Para Mariona Illamola (Juns per Catalunya) la última versión del texto de la LOSU "demuestra la capacidad de todos por llegar a acuerdos", aunque negó su voto a favor. "Tiene avances, pero no son suficientes", dijo. "Se pierde una oportunidad para acercarnos a Europa", aseveró, dejando la puerta abierta a seguir negociando, pues "el trámite no concluye hoy, continua en el Senado".

En nombre de Vox intervino Joaquín Robles, que lamentó que "con esta ley se convierte la universidad en un instrumento más para implantar la ideología de la izquierda fundamentalista", el "desprecio por el esfuerzo" y va contra el respeto a la autoridad. "Esta ley no garantiza el derecho a la educación", aseveró, e indicó que sus impulsores tratan de "convertir a los ciudadanos en súbditos en un modelo neofeudal que proponen los separatistas" para romper la nación.

MAYORÍAS PARLAMENTARIAS

El diputado Gerardo Pisarello, del Grupo Confederal de Unidas Podemos, llamó a los diputados a "demostrar" que hay mayorías parlamentarias. Aseguró que el texto de la futura LOSU recoge un aumento "sin precedentes" en becas, la mejora de derechos laborales y el compromiso presupuestario. También arremetió contra las universidades privadas madrileñas y el "modelo elitista y clasista" de la Universidad que abandera, en su opinión, la presidenta del Gobierno madrileño Isabel Díaz Ayuso. "Vamos a tener ley de Universidades les guste o no", dijo, del mismo modo que prosperaron otras normas como la reforma laboral, la ley de ciencia o la de la eutanasia.

Por el Grupo Parlamentario Socialista cerró el debate el diputado García Morís que aplaudió el "amplio apoyo" que recibirá el texto de la LOSU en el Congreso. "Nuestras propuestas fueron fruto del trabajo de diversos sectores, colectivos y territorios", dijo. Agregó que los socialistas apuestan por la universidad pública y que la ley es "muy necesaria", "lucha contra la precariedad y reconoce y potencia la diversidad".