Presentó la petición del PP su diputado Fernando de Rosa, quien reprochó que Bolaños pasó de definir como necesario el artículo 43bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal que regula la presentación de cuestiones prejudiciales a aceptar su derogación. Por eso justificó la petición de comparecencia para que aclare “sus constantes cambios de opinión y así entender el espectáculo” de la convalidación del decreto in extremis por la abstención de Junts.

Además, deploró que el ministro de Justicia “sufre constantes transformaciones discursivas” y es “uno de día u otro de noche”: por el día visita a representantes judiciales y les expresa su respetro y cariño y “por la noche, en cenas, negocia los ataques a los mismos jueces que por el día dice defender” y “se pacta la intensidad de los ataques ‘ad hominem’”, ahora contra el juez Manuel García-Castellón, el nuevo “muñeco a golpear” tras Pablo Llarena o Manuel Marchena.

“Queremos escuchar al ministro Bolaños qué ha estado negociando con el separatismo, si cada ley o decreto tiene que pasar por Puigdemont”, remató, antes de reiterar la crítica del PP a “la humillante distinción entre terrorismo bueno y malo” en las últimas enmiendas incorporadas a la proposición de ley de amnistía, que “es la nueva línea argumental del desmontaje de nuestro Estado de derecho”.

La portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, respondió al PP criticando que su vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, dijera ayer que el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido es “el cáncer del Estado de derecho”, y al que interpretó que “atacan de forma preventiva”. Reprochó al PP su “voluntad de inflamar el país”, su “exageración” y su “populismo”, y le exhortó que “debe de dejar de buscar la palabra más gruesa y al portavoz que sea más macarra”. Y, como enferma de cáncer, Vidal recriminó al PP que use esa enfermedad como “arma arrojadiza para sus politiqueos y sus excusas de mal pagador”.

Pasando al catalán, la diputada de los Comunes también llamó a Junts a “entender las consecuencias de convertir toda votación en un circo”, como ocurrió con las de este decreto finalmente aprobado por sorpresa con la abstención del grupo independentista. También le invitó a reconocer que durante el 'procès' fue “de farol”, engañaron a sus votantes, “crearon falsas expectativas” e “ignoraron la pluralidad de Cataluña” y no le importó si tiraban por un “barranco” a parte de la sociedad catalana. “Necesitamos recuperar la tranquilidad y la política”, urgió, atribuyendo precisamente a ese fin la ley de amnistía.

VOX Y PSOE

Por Vox, su vicepresidente, Javier Ortega Smith, acusó al Gobierno de “claudicación a los golpistas” y un “menoscabo a la seguridad jurídica en España y Europa” con su “inobservancia a los tratados europeos”. Defendió el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y lamentó que no se permita a los jueces ni elevar cuestiones prejudiciales cuando tienen dudas sobre su interpretación.

Ortega Smith denunció que el Gobierno legitime a delincuentes mientras deslegitima a los jueces y la “destrucción del principio de igualdad de los españoles” para “proteger a los amnistiados de cualquier control judicial”. Todo ello, en lo que enmarcó como una “evidente evolución totalitaria y antidemocrática” del PSOE, al que definió como “el partido cuya historia es más criminal y golpista” y del que auguró que terminará autorizando un referéndum y amnistiando a los etarras.

Finalmente, Francisco Aranda, en nombre del PSOE, acusó al PP de “sembrar bulos” con este decreto, que desde su punto de vista se limita a adaptar la Ley de Eficiencia Procesal y a aprobar los contenidos de la Ley de Eficiencia Digital que no llegó a tramitarse por el final de la anterior legislatura. Según dijo, el PP “se ha instalado en el mesianismo parlamentario, patrio”, y los populares “no tienen problema en lanzar insidias, insultos, bulos” aun a sabiendas de que lo son. Al final de su intervención le invitó a presentar enmiendas al decreto en su tramitación como proyecto de ley en lugar de pedir comparecencias.

Aranda no dejó tampoco pasar las palabras de González Pons llamando “cáncer” al actual Tribunal Constitucional, y se preguntó “en qué cena oscura se decidió” y “cómo le tocó” al dirigente popular hacer “estas declaraciones indignas”. “¡Hay que tener jeta!”, exclamó, interpretando que el PP ataca al actual TC porque lo hace con “las instituciones que no colonizan”; algo que demuestra que su concepción patrimonial de las mismas y su “constitucionalismo por etapas”, además de su “piel muy fina” y su “doble rasero”.

Los portavoces de ERC, Junts, EH Bildu y PNV ya advirtieron en su intervención en el primer punto del orden del día de esta sesión de la Diputación Permanente, la petición de comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en ella resumirían su rechazo a todas las solicitudes del Grupo Popular sin volver a tomar la palabra. El voto negativo de esos grupos, unido al del PSOE y Sumar, garantiza que Bolaños no tendrá que comparecer de forma urgente en el Congreso para explicar el acuerdo para el decreto ómnibus.