En concreto, la propuesta de Sumar, defendida por el diputado Gerardo Pisarello, insistía en que esas dependencias fueron “escenario de persecución política” y que allí “se cometieron delitos de lesa humanidad” durante el franquismo. El parlamentario aseguró que “es muy triste” que 50 años después de la muerte de Francisco Franco tengan que seguir reclamando la transformación de esta sede policial, pero que siempre se han encontrado con “la negativa” del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Tal y como apuntó en una intervención muy crítica, “no se entiende” que se quiera preservar un espacio de memoria (el Gobierno anunció que se catalogaría como tal) “manteniendo los usos los usos policiales”, señalando al respecto que hay otras alternativas en la ciudad para las unidades policiales que alberga.

Y criticó, con dureza, que le “preocupa mucho” que no se haga nada cuando hay tres administraciones socialistas implicadas: el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio del Interior. “Si no es posible ahora, ¿cuándo?”, se preguntó.

Mikel Legarda, del PNV, únicamente anunció que apoyaba la iniciativa de transformación de este edificio por el “papel destacado” que tuvo como “centro de represión durante el franquismo”.

Por su parte, la diputada de ERC Pilar Valluguera también criticó la negativa del Gobierno a esta transformación mientras agradecía que Sumar hubiese aceptado su enmienda, en la que insiste en la cesión del inmueble. “Me da vergüenza pensar que el ministro Marlaska sigue manteniendo allí esta comisaría símbolo de la opresión, de la violencia, de las torturas y de la muerte”, espetó.

Asimismo, defendió que se trata de un edificio “antiguo” que “no sirve a las necesidades” de las “fuerzas de ocupación”, por lo que se podría trasladar a los efectivos policiales “a un edificio mucho más moderno”.

Mertxe Aizpurua, de Bildu, también insistió en que se trata de uno de los lugares incluidos en el “mapa de la represión del franquismo”, por lo que su transformación es una “cuestión democrática”.

Desde Junts, Josep Pagès subrayó que se trata de una reivindicación “histórica” de los partidos independentistas y de cualquier formación que “se identifique con los valores democráticos básicos”. Eso sí, defendió que lo que su formación quiere es la desafectación del inmueble actualmente "ocupado por la Jefatura Superior de Policía", el traslado de estas instalaciones a otras dependencias y la transferencia de la titularidad del inmueble y de sus fondos documentales a la Generalitat de Cataluña, como "institución víctima de la represión franquista".

En contra de esta medida se pronunciaron Vox, el PSOE y el PP. Así, la formación liderada por Santiago Abascal, en boca de su diputado Carlos Flores, denunció que “no existe ninguna resolución judicial” que demuestre que se cometieron delitos de lesa humanidad en dicho inmueble, criticando al mismo tiempo que el único objetivo de la iniciativa es “acabar con cualquier vestigio de presencia de la Policía Nacional y de cualquier institución del Estado español en Cataluña”.

Mientras, David Serrada, del PSOE, aseguró estar de acuerdo con que la “realidad” denunciada “existió”, confirmando que su declaración como lugar de Memoria Democrática se llevará a cabo en las próximas semanas.

Así, defendía que no hay “inacción política” y añadió que, si bien el PSOE comparten “el fondo” de la iniciativa, consideran que ha de abordarse “con el rigor que se merece”. De este modo, dijo que la cuestión es “de forma”, de “cómo hacerlo”, señalando en este punto su actual “uso público”.

Por último, por parte del PP intervino el diputado Nacho Martín, quien consideró que la propuesta supone “una ofensa” y “un ataque” a los policías nacionales que prestan su servicio en Cataluña. Al mismo tiempo, criticó la falta de “memoria” de los proponentes, apuntando que entre 1931 y 1936, “a los anarquistas y a la gente conservadora, de derechas, se les torturaba en esa misma comisaría”.

Y afeó a la diputada de Bildu que diera “lecciones de respeto a los derechos humanos y de democracia”, señalando que podría declararse lugar de Memoria Democrática el zulo donde estuvo secuestrado José Antonio Ortega Lara.