Las enmiendas fueron rechazadas por 171 votos a favor y 177 votos en contra, con lo que el texto seguirá su curso parlamentario e iniciará a partir de ahora sus trabajos en comisión. Tanto PP como Vox aseguraron que este proyecto es un “fraude” constitucional y que busca “desviar” la atención de las polémicas que rodean al Gobierno, como los escándalos y causas judiciales.

Esta iniciativa del Ejecutivo pretende modificar el artículo 43 de la Constitución, que habla sobre la protección de la salud, porque la prestación del derecho al aborto es un servicio sanitario. En este sentido, busca también apoyar la ley del aborto, que aún no se está aplicando igual en toda España.

La diputada del PP Silvia Franco sostuvo que la iniciativa es un “brindis al Sol” porque el Gobierno “no tiene los apoyos” suficientes para sacarlo adelante y, además, considera que este proyecto refleja que el Gobierno usa de forma “instrumental” el artículo 43 para evitar reformar el artículo 15 (derecho a la vida), lo que obligaría a seguir el procedimiento de reforma agravado del artículo 168 de la Constitución, con mayores mayorías y disolución de las Cortes.

En este sentido, la popular insistió en el uso partidista y oportunista de la Constitución por parte del Gobierno y subrayó que la Carta Magna “no es patrimonio de ningún partido ni está al servicio de ninguna estrategia partidista”.

Franco dijo que esta reforma no cumple los criterios básicos que exige el Consejo de Estado para una modificación constitucional acertada: respeto al equilibrio interno, demanda social sólida, diálogo político y consenso comparable al de 1978. A su juicio, esta reforma no cumple ninguno de ellos y responde únicamente a “la supervivencia política del señor Sánchez y de su Gobierno”.

La diputada popular reiteró que esta iniciativa es un “fraude constitucional” y le recriminó al Gobierno no reformar el artículo 15 para evitar el procedimiento agravado: “No lo hacen por coherencia, sino por conveniencia”.

Asimismo, advirtió de que esta reforma “altera el equilibrio interno de la Constitución” y “abre la puerta a que futuros gobiernos desplacen artificialmente otros derechos”. Insistió en que el Gobierno “no blinda nada” y le acusó de crear “un trampantojo jurídico de consecuencias imprevisibles”.

Franco también negó que exista un problema real en el acceso sanitario al aborto y dijo que “la dimensión sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo no está en riesgo”, ya que la prestación está garantizada por la ley vigente, y acusó al Gobierno de “confundir deliberadamente derecho y prestación”, lo que podría resultar “engañoso para muchas mujeres”.

En su caso, el diputado de Vox Joaquin Robles rechazó también al completo la reforma propuesta porque lo considera como un “ejercicio de demagogia y oportunismo político”. Aseguró, al igual que el PP, que el objetivo real es promover un debate “artificioso” con fines electorales y convertir el Congreso en “un escenario propio de un mitin más que de un debate legislativo”.

Además, rechazó vincular el aborto al derecho a la protección de la salud y dijo que “ahora resulta que abortar es una cosa saludable”. Sobre esto, calificó que la iniciativa del Gobierno es algo “ridículo e innecesario”. Así, reiteró que esto responde únicamente a “propaganda sectaria”.

Robles defendió que no existe consenso social sobre esta materia y recriminó al Ejecutivo querer imponer su ideología. Además, añadió que la reforma busca blindar políticamente una determinada visión moral e incluso “poner una espada de Damocles sobre los médicos” que objetan al aborto por razones de conciencia. Vox también negó que la reforma aporte mejoras para las mujeres.

EN CONTRA

Por su parte, la diputada del PSOE Cristina Narbona acusó al PP de haberse opuesto históricamente a todos los avances en esta materia. Denunció también que solo el 20% de los abortos se realizan en la sanidad pública y que en Madrid “no alcanza ni el 1%”, acusando a la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso, de falta de empatía.

Del mismo modo, Narbona rechazó las críticas del PP y Vox, amparándose en el aval mayoritario del Consejo de Estado, y concluyó que la reforma busca garantizar un derecho ya reconocido “para que ese derecho sea real, efectivo y accesible”, porque “sin libertad no hay igualdad y sin igualdad no hay democracia”.

Igualmente, reivindicó la lucha de generaciones de feministas y alertó de que “los derechos no son irreversibles”, señalando los retrocesos internacionales y los acuerdos entre PP y Vox como una amenaza.

Las diputadas de Junts Pilar Calvo y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) Maribel Vaquero avisaron al Gobierno de que, pese a que rechazaron las enmiendas a la totalidad del PP y Vox, esta reforma no saldrá adelante en el curso parlamentario por las mayorías para aprobarlo que requiere. Vaquero afirmó que la iniciativa es “aguada”, a pesar de su defensa de los derechos de las mujeres. Junts también calificó esta iniciativa de “espectáculo electoralista”.

La diputada de Podemos Ione Belarra y la de Sumar Verónica Martínez criticaron las enmiendas a la totalidad y que para la defensa de ellas, en el caso de Vox, haya comparecido un “señoro”. Así, apoyaron la reforma constitucional, aunque Belarra dijo ver una media “simbólica” y pidió al Ejecutivo que obligue a las comunidades autónomas a garantizar abortos en la sanidad pública.