La iniciativa centrista también defendía que los partidos comunicaran a las juntas electorales sus presupuesto de campaña, así como los datos de los proveedores con especificación del contenido y cuantía del contrato, siempre que superen el millón de pesetas. Según el CDS, los administradores de las demás candidaturas podrían tener acceso a dichos datos.

La proposición de ley proponía también un aumento de las sanciones a los partidos que falsearan las cuentas electorales. De la multa actual de 30.000 a 300.000 pesetas, el CDS proponía castigar ese delito con pena de prisión menor y multa de 5 a 100 millones e pesetas.

El portavoz centrista, José Ramón Caso, dijo que "hay que dar a los ciudadanos garantías de que el control sobre los gastos electorales es máximo. Llevamos muchos meses diciendo que hay que acabar con la corrupción. Si predicamos ética, debemos dar ejemplo imponiéndonos el máximo control posible".

El portavoz del PSOE, Juan de Dios Izquierdo, justificó el voto en contra de su grupo afirmando que las juntas electorales son suficientes para fiscalizar las cuentas electorales, y, por tant, no es necesario asignar a cada formación un "comisario político".

Alegó, asimismo, que "no se puede obligar a los partidos a descubrir su estrategia electoral, obligándoles a decir cuánto gastan en vallas, "spots" publicitarios, etc.".

PP y CiU, que se abstuvieron en la votación, también se mostraron en contra de crear "comisarios políticos" para cada partido.

Todos los portavoces consideraron necesario abrir un proceso de reflexión entre todas las fuerzas políticas, encaminado a afrontar na reforma global de la ley Electoral, que acabe así con el continuo "parcheo" de esta normativa.