En caso de haber sido aprobada, la iniciativa de Vox habría instado al Gobierno a “garantizar la prioridad nacional” en el acceso a ayudas, servicios y viviendas públicos (incluido en el acuerdo de gobierno con el PP invistió de nuevo hoy a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura) , a repatriar a todos los inmigrantes irregulares o que delincan, impedir a los inmigrantes el uso de la sanidad salvo en emergencias, derogar el decreto de regularización de inmigrantes y negarles asistencia jurídica gratuita.

La enmienda del PP incluía también la derogación del decreto de regularización, pero limitaba el alcance de la moción a “desarrollar, dentro del respeto al marco constitucional y Estado de Derecho, una política migratoria clara y responsable que evite las situaciones de irregularidad” y acotaba la “prioridad nacional”, en línea con el contenido exacto del acuerdo en Extremadura, como “la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

Fuentes populares aseguraron que, después de habérseles denegado la inclusión de su enmienda, habían solicitado a Vox la votación de la iniciativa por puntos, para reservarse la posibilidad de votar a favor de unos y no de otros, pero que el grupo proponente la había rechazado. "Respaldamos todos los puntos que ya incorpora el acuerdo en Extremadura. Otros, no recogidos, no. El sentido de nuestro voto será consecuente con esa disconformidad puntual", advirtieron.

El diputado de Vox por Badajoz Ignacio Hoces expuso la moción interpretando que la actual es una “España al revés”, en la que “el español trabaja para el que acaba de entrar” y los españoles se sienten “extraños en sus barrios”. “Gobernar es priorizar y han olvidado a los españoles”, criticó al Gobierno, alertando de que la inmigración está transformando la “forma de ser” de España.

Hoces diagnosticó en el Gobierno y la izquierda una “endofobia”, que explica que se tolere pitar el himno español en un estadio de fútbol pero no cantar “musulmán el que no vote”, y defendió que la llamada “prioridad nacional” no es xenofobia sino “una exigencia irrenunciable de la justicia social” y se negó a que España sea “el hospital de África y América”.

Anunció que Vox llevará le principio de prioridad nacional a todas las comunidades y, aunque dijo que “está bien” que el PP haya presentado enmiendas en coherencia con lo acordado en Extremadura, advirtió de que hoy estaban en el Congreso y Vox no iba a renunciar a la deportación de los inmigrantes ilegales y de quienes cometan delitos.

PP Y RESTO DE GRUPOS

Por el PP, Carmen Navarro coincidió en que el Gobierno nunca ha tenido como prioridad a España y los españoles. Pero lo hizo para salir del tema y recriminarle los casos de corrupción y gobernar “en contra de la calle”. Volviendo a la inmigración, atribuyó la regularización a una “cortina de humo” para tapar su corrupción.

Defendió la enmienda presentada que recogía la literalidad del pacto extremeño y lo acotó como “prioridad al arraigo”, dentro de la Constitución, que “no es xenofobia” sino “sentido común”. Interpretó que los españoles pagan más que nunca y reciben menos que nunca, y dijo que el Gobierno está liado en “el relato”, y terminó afeando al PSOE sus pactos con EH Bildu.

Por parte del PSOE, Juan Francisco Serrano partió de que los hijos de aristócratas no pueden entender a los hijos de inmigrantes, y condujo su alocución a preguntar al PP de Andalucía si su apuesta es desregularizar para deteriorar y privatizar los servicios públicos. Recriminó al Gobierno de Juan Manuel Moreno datos de listas de espera y atención a la dependencia.

Candela López, de Sumar, caracterizó el proyecto de Vox como “de muerte y destrucción”, que busca criminalizar al inmigrante y sembrar una “semilla de odio”, y lamentó que en el PP sean “sus cómplices”. Contrapuso que los servicios públicos no los saturan los inmigrantes, sino quien los recorta; y que el IBEX y sus bancos baten récords de beneficios mientras las comunidades del PP les rebajan impuestos. “Los únicos que sobran son ustedes”, espetó a Vox.

Ninguno de los dos grupos parlamentarios catalanes, ERC y Junts per Catalunya, tomó parte en el debate, y tampoco lo hizo EH Bildu. Mikel Legarda, del PNV, denunció desde el escaño y sin subirá a la tribuna las “políticas públicas de inhumanidad” de Vox, y con ese argumento justificó el voto en contra de su partido a la iniciativa.

Finalmente, en el Grupo Mixto, Martina Velarde, de Podemos, proclamó que los derechos humanos no tienen nacionalidad ni se reparten en función de cuál se tenga, por lo que su moción es “una enmienda a la propia Constitución”, por establecer ciudadanos de primera y de segunda, y tachó de “propuestas nazis” las de Vox. Y Águeda Micó, de Compromís, contrapuso que la prioridad nacional de Vox es incoherente con su financiación por Hungría e Irán.