La portavoz del PP, Sandra Moneo, dijo que su grupo comparte la idea de que ese derecho consagrado en la ley sea efectivo y no se quede sólo "en el papel", como pide el Comité de Representantes de Personas con Discacidad (CERMI).

Sinembargo, afirmó que en el Estado de las autonomías han de ser las comunidades y las universidades las que "decidan en el ámbito de sus competencias" el esfuerzo que deben hacer para reconocer tal derecho.

La diputada popular defendió sin éxito una enmienda a la iniciativa socialista en la que proponía que la Administración central vele por que las comunidades y las universidades cumplan el derecho reconocido en la LISMI (Ley de Integración Social de los Minusválidos).

La portavoz del PSOE, AmparoValcarce, aseguró que no podía aceptar la enmienda del PP porque a la Administración ya se le supone que velará por el cumplimiento de la legislación y, en este caso, lo que tiene que hacer es tomar las medidas precisas para hacer efectivo ese derecho.

Valcarce recordó que el Defensor del Pueblo se ha dirigido expresamente al Gobierno pera pedirle que atienda las demandas de las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad y haga real el derecho a la exención de tasas uniersitarias.