Según explicaron fuentes parlamentarias, la Mesa se acogió al artículo 56.2 de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones, que faculta a éstas a proteger los derechos de los afectados, en este caso diputados y periodistas, y atendiendo a la reiteración de los altercados provocados por Quiles y Ndongo. La suspensión cautelar sólo puede adoptarse por el hecho de haber expedientes abiertos contra ellos.

En concreto, ese artículo reza que “antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas".

"Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda”, continúa el artículo 56.2 de esa ley de 2015.

La suspensión cautelar entra en vigor inmediatamente y es, por tanto, por 15 días, y tendrá que renovarse a su término. Para entonces se espera que haya llegado a fin la tramitación de alguno de los ocho expedientes que tiene abiertos Quiles y los tres que lleva Ndongo. Los representantes del PP se levantaron de la Mesa, con lo que la resolución no se llegó a votar y se adoptó por la mayoría que conforman el PSOE y Sumar en el órgano rector del Congreso.

"CRECIMIENTO EXPONENCIAL"

Según las fuentes citadas, la decisión se ha tomado tras "un crecimiento casi exponencial de las denuncias" contra los dos y el "aumento de la gravedad de los hechos denunciados", que "impoaibilita el normal funcionamiento de la Cámara".

A la reunión de la Mesa de hoy llegaron cuatro informes emitidos por el Consejo Consultivo de Comunicación, creado tras la reforma del Reglamento del Congreso aprobada en septiembre de 2025, por otras tantas denuncias de acoso verbal e incluso físico de diputadas como Ione Belarra, de Podemos, y Aina Vidal, de Sumar.

De los ocho expedientes abiertos contra Quiles, dos están ya en la fase final de su tramitación, con propuesta de sanción y en período de alegaciones finales por parte del afectado; en esta situación está también uno de los tres cursados contra Ndongo.

Fuentes del grupo parlamentario socialista juzgaron "adecuada" la decisión de la Mesa, citando el reciente incremento de incidentes y argumentando que "es una decisión a favor de la libertad, del respeto y de la democracia. Porque defender la libertad de prensa también es garantizar que nadie convierta las ruedas de prensa y las dependencias del Congreso en un espacio de acoso, provocación o violencia verbal" ni en "un plató de insultos" e "intimidación permanente".

A su vez, el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, diputado de Sumar, interpretó que "el Congreso ha enviado un mensaje claro a PP y Vox: tienen que dejar de blanquear y financiar a Vito Quiles y Bertrand Ndongo porque no actúan como periodistas sino como agitadores ultras que intimidan y hostigan a diputados y profesionales de la información".