La iniciativa, registrada en septiembre de 2023 por tercera vez después de haber decaído con el fin de la legislatura anterior, postula la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la vuelta a su estado anterior a 2015, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy la modificó en los dos sentidos que el PNV pretende ahora enmendar.

Lo hizo en la polémica por el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2005, que en 2010 fue modificado por el TC después de haber sido refrendado por los ciudadanos catalanes, y en el del proceso soberanista en la misma comunidad, que seguía adelante pese a las resoluciones contrarias del Tribunal.

Hoy presentó la iniciativa el diputado Mikel Legarda, quien alegó que la recuperación del recurso previo supone un acto de desconfianza de las Cortes hacia sí mismas para defender la Constitución cuando aprueban estatutos de autonomía.

Dijo que se pone en manos de la minoría parlamentaria un recurso para obstaculizar y bloquear la voluntad de la mayoría, con efectos “perturbadores”, y que se atribuye al TC un papel de “tercera cámara legislativa” que no le corresponde, invadiendo las competencias del Legislador.

Legarda dijo que su inicial supresión en 1985 fue un “restablecimiento de la normalidad”, pero que con las leyes de 2025 se incorporó “un auténtico veto político” a los estatutos de autonomía, “desnaturalizando” el modelo constitucional y dejando a aquéllos con un “rango político menor”.

"TRIBUNAL PENAL"

Respecto a las “potestades coactivas” que se atribuyó al TC otorgándole la capacidad de suspender o inhabilitar a cargos públicos, el diputado del PNV denunció que supuso “una alteración del equilibrio” entre poderes y órganos públicos, y que convirtió al Constitucional en un “tribunal penal” pero sin el procedimiento y las garantías penales; papel que, subrayó, no le otorgó la Carta Magna.

Sobre la capacidad de ejecutar sus sentencias, Legarda criticó que se solapa con el artículo 155 de la Constitución, y que los conflictos políticos deben dirimirse en instancias políticas y no jurídicas. “Lo jurídico es la forma, lo político es el fondo”, distinguió el diputado del PNV.

Edurne Uriarte, diputada vasca del PP, comenzó cuestionando que Euskadi esté oprimida por España, y que el PNV quiera reformar el TC cuando se opone a la Constitución. “Lo político es el fondo de la cuestión”, corroboró citando al propio Legarda, y citando que el presidente del partido, Aitor Esteban, y el lehendakari, Imanol Pradales, se han descrito como independentistas.

Uriarte acusó a PNV y EH Bildu de estar negociando un nuevo Estatuto con “derecho a decidir” y de defender una “realidad de confrontación con la Constitución” cuando sólo el 16,9% de los vascos quieren la independencia. Por último, acusó al PSOE de haber cambiado de posición, pues también defendió el recurso previo en 2015, cuando no se sostenía en los nacionalistas para mantener el poder. “El socialismo se ha hecho sanchista”, lamentó.

En nombre del PSOE, Artemi Rallo criticó que la reforma del PP atribuyó al TC “facultades exorbitadas” para usarlo como “ariete electoral”, cuando el Constitucional no fue concebido para la confrontación, y saludó el “alto calado constitucional” de la iniciativa del PNV y la posibilidad de debatirla sin presión del “fragor” de una época tensa.

No obstante, Rallo explicó que el PSOE propuso junto al PP el recurso previo de inconstitucionalidad contra estatutos de autonomía precisamente para aliviar el conflicto provocado por una “colisión de legitimidades” si el TC ha de invalidar un texto ya refrendado. Anunció el apoyo socialista a la toma en consideración de la proposición pero con la esperanza de convencer de esta tesis a los nacionalistas.

VOX Y SUMAR

Ignacio Hoces, de Vox, denunció que el “Partido Separatista Vasco” quiere un TC sin “capacidad de bloquear sus embestidas separatistas”, y por tanto esta iniciativa “atenta contra la unidad de España”, y deja “el balón botando a quienes dijeron que volverían a hacerlo” y puedan “saltarse la ley sin que pase nada”.

“España y su unidad es anterior a cualquier Constitución”, estableció, acusando al PNV de destruir las tradiciones vascas ignorando a sus héroes que colaboraban con España y abriendo la puerta a la inmigración. De paso, preguntó al PP cuál va a ser su relación con los nacionalismos y “si va a seguir coqueteando con el separatismo”, y advirtió a los separatistas que el único referéndum, que va a haber es el que Vox convocará para que los españoles decidan si les ilegalizan.

Por parte de Sumar, el diputado de Més per Mallorca Vicenç Vidal comenzó sugiriendo con sorna que, ya que hoy se van a desclasificar los papeles del 23-F, el 14 de abril podría divulgarse la encuesta mencionada por el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez que apuntaba que los españoles de entonces habrían elegido la República.

Sobre la iniciativa en sí, alegó que “no es lógico que mientras hay un debate político y se está dialogando, se pueda pulsar este botón y que intervenga el TC”, que no ha sido elegido por el pueblo, ni dar a un partido minoritario esa capacidad de tratar a los diputados como “presuntos criminales”.

Álvaro Vidal, de ERC, partió de que este tema “toca la calidad de la democracia” y repitió varias veces que “esto no es Suecia” enumerando supuestas verdades que ponen en duda la calidad democrática del Estado español. “Lo que se hizo fue un vestido a medida en contra de la voluntad de los catalanes”, denunció. “Fue una vergüenza”.

Vidal enjuició que, con las reformas de 2015, “el árbitro se convirtió en un jugador de parte”, pero “sucio” y que “hacía trampas”, ejerciendo una “censura preventiva” y agente propia de “una república bananera”. En un conflicto político como el que a su juicio existe entre Cataluña y España, dijo que sólo corresponde “ponerse de acuerdo entre las partes”.

SOBERANISTAS Y PODEMOS

Por Junts per Catalunya, Josep Pagès, quien se declaró orgulloso de haber sido multado por el TC, lamentó que, con estas normas y otras del Gobierno de Rajoy contra el 'procès' independentista, “la excepción se convirtió en normalidad” e hizo uso del “infantilismo del ‘ordeno y mando’.

Al PSOE le acusó de no haber revertido ninguna de ellas. Le llamó “hipócrita” por haber vaciado de contenido político la amnistía con el “falso argumento de la reconciliación” y por haber “guardado la Historia bajo llave”, dando así la vuelta a la justificación que empleó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para desclasificar los documentos del 23-F.

Jon Iñarritu, de EH Bildu, interpretó que las dos reformas de 2015 forman parte de la “artillería legal” que el PP usó “contra Cataluña”, y que “cambiaban la naturaleza” del TC convirtiéndole en “una tercera cámara”, lo cual fue, a su juicio, “una reforma de la Constitución por la puerta de atrás”.

Ahora bien, extendió su rechazo a una intervención posterior del TC, pues supondría igualmente una intromisión en un parlamento autonómico. Iñarritu lamentó que las iniciativas del PP fueron una reforma “ad hoc” contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas, de forma que “España se convirtió en la Turquía occidental”.

Finalmente, Martina Velarde, de Podemos, criticó que la reforma del Gobierno de Rajoy supuso un salto cualitativo y otorgó al TC un rol punitivo que no le compete, con lo que la iniciativa del PNV “corrige un exceso” y “un control preventivo” que se convertía en “un veto político”.

“Los conflictos políticos se resuelven con debate, con negociación”, advirtió, aunque la propuesta en su opinión “no corrige el problema de fondo” de su falta de independencia y legitimidad. Pero, a pesar de esta crítica, anunció su voto a favor.