La proposición de ley, presentada por el PNV, contará con el apoyo de PSOE y Sumar, así como del resto de aliados parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez tras culminar las negociaciones parlamentarias a lo largo de la jornada, como confirmó esta mañana la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero.

Vaquero argumentó esta mañana que “los tribunales ordinarios no pueden bloquear los acuerdos sobre traspasos de competencias” sin permitir a los gobiernos autonómicos o forales elevar el conflicto al Tribunal Constitucional, motivo por el que ha encallado la homologación de títulos universitarios o la transferencia de tráfico a la Policía Foral en Navarra en detrimento de la Guardia Civil.

El PP, sin embargo, votará en contra aludiendo que “estas materias no forma parte de ese bloque” de transferencias contempladas por la Constitución. Su diputado Enrique Belda pronunció una defensa férrea del diseño constitucional de 1978”, que “no va contra nadie”, y alegó que las últimas catástrofes naturales han puesto de manifiesto que varias competencias han de ser estatales sin implicar una “recentralización”.

Vox también votará ‘no’ porque considera que detrás de esta medida se esconden motivos políticos, dado que Alto Tribunal tiene “la condición de puro avalista del sanchismo”, y porque los tribunales ordinarios otorgan, a su juicio, más “objetividad” en la resolución de estos conflictos.

LOS SOCIOS, A FAVOR

En la otra cara de la moneda, la diputada del PSOE Rafaela Romero anunció el ‘sí’ de los socialistas por la “convicción inequívoca” de que “la España plural necesita reforzar los mecanismos que hacen realidad los autogobiernos”, que son “la mejor forma de garantizar la arquitectura constitucional”.

El parlamentario de Sumar Lander Martínez se pronunció en la misma línea y señaló que la propuesta del PNV dará más “credibilidad” a la política, dado que se allanará el cumplimiento de los acuerdos políticos.

Los partidos soberanistas, por su parte, fueron muy críticos con el papel del Tribunal Constitucional y la Carta Magna. La diputada de ERC Pilar Vallugera, por ejemplo, asumió que con la arquitectura actual es “imposible” conseguir la autodeterminación de Cataluña. Y el diputado de Bildu Jon Iñarritu negó que el Tribunal Constitucional pueda ejercer de “árbitro idóneo y neutral porque está “comprado”. No obstante, tanto ERC y Bildu como Junts apoyaron este “parche” del PNV hasta que haya “un nuevo mecanismo”.

Por último, Martina Velarde, diputada de Podemos, apoyó la iniciativa porque considera que el Supremo no debe ser la jurisdicción para la resolución de traspasos de competencias porque “excede sus funciones”.