El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defendió desde la tribuna la convalidación de este real decreto ley, que pretendía modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y explicó que la normativa “responde principalmente al clamor social” tras el “encarecimiento disparatado” de los precios de “algunos” bienes y servicios “esenciales” que se produjeron a raíz del accidente ferroviario de Adamuz, las inundaciones en Grazalema y otras localidades de Andalucía y Extremadura, el apagón, los incendios “devastadores” del pasado verano o la dana de Valencia.

“Lo que se ha visto una y otra vez en estas situaciones es que, incluso las circunstancias más duras y que causan mayor dolor en nuestras sociedades, existen agentes económicos empeñados en demostrar que no les importa la gente que se ve afectada por estas situaciones, sino cuánto dinero pueden obtener de ellas”, abundó, al tiempo que lamentó que “a menudo” lo hacen “por medio de sistemas automatizados de fijación de precios, desprovistos de cualquier límite, de cualquier noción del bien común o de interés general”.

A este respecto, reiteró que estos incrementos “abusivos, en ningún caso han correspondido con incrementos de los costes operativos o de funcionamiento de esos servicios”. “Al contrario, responden al afán de obtener un lucro inmerecido, injustificado e inaceptable a costa de explotar la necesidad ajena y la vulnerabilidad de los consumidores”, prosiguió.

En este contexto, aseveró que “no es admisible que los vuelos a Galicia alcanzaran hasta los 400 euros por trayecto como sucedió el pasado verano durante la oleada de incendios o, más recientemente, tras el devastador accidente ferroviario de Adamuz, volvieran a dispararse el precio de los transportes alternativos como los billetes de avión, el alquiler de vehículos o también las aplicaciones de viajes compartidos”.

MEDIDAS

Por ello, confirmó que el real decreto ley incorporaba una herramienta para “impedir que se produzcan aumentos de precio que superen el precio máximo ofertado para esos servicios en los 30 días previos a la situación sobrevenida”. “Se trata de impedir que puedan subir los precios por encima del máximo que tuvieron en los 30 días anteriores cuando se dé una situación sobrevenida sin que medie una causa justificada para ello”, prosiguió.

En la misma línea, puntualizó que los grupos que votaron en contra “avalan prácticas abusivas e indefendibles y protegen a quienes buscan lucrarse sin escrúpulos a costa del interés general y del bienestar y la tranquilidad y los derechos de los consumidores”.

Para cerrar el debate, se mostró “dispuesto” a tramitar la norma como proyecto de ley y resaltó que lo que se votó “es si un puñado de multinacionales extranjeras pueden forrarse impunemente a costa de necesidades básicas de la ciudadanía”. “Si se protege el acceso de la ciudadanía a bienes y servicios básicos y esenciales o si se blinda el derecho de un puñado de multinacionales extranjeras a lucrarse sin límites, sin medidas y de forma impune a costa del interés general”, añadió.

DEBATE

Durante dicho debate, en su uso del turno en contra, por Vox Carlos Flores se mostró convencido de que la ley “carece de justificación porque nuestro ordenamiento jurídico cuenta ya con normas idóneas para paliar la situación a la que se pretende poner coto”, y, entre otras cuestiones, es “inconstitucional” y también “vulnera la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” y “demoniza a sectores enteros de nuestra economía”.

Por Junts, que tumbó el decreto, Josep Maria Cruset se mostró “de acuerdo” en establecer mecanismos para actuar en situaciones de emergencia, si bien estimó que le “corresponde” a la Cámara Baja y no al Ejecutivo articular un “sistema para intervenir el mercado en situaciones excepcionales” mediante un proyecto de ley, convencido de que, por parte del Gobierno, “pretender obtener la capacidad de intervenir en el mercado es abusivo y hacerlo a través de un real decreto ley, temerario”, cuando, “por sus incumplimientos, tiene la legislatura bloqueada”.

Por el PP, María Pilar Alía acusó al Ejecutivo de “tomar decisiones a capricho”, convencida de que “la arbitrariedad no tiene cabida en el ordenamiento jurídico democrático”. Asimismo, dijo entender que Bustinduy “tiene analizadas las consecuencias que pueden conllevar las limitaciones de precios” que, a su entender, “parecen un alivio inmediato para los consumidores, pero a medio plazo la oferta se contrae y aparecen los mercados negros”.

En el extremo opuesto, por el PSOE, Javier Alfonso Cendón destacó que el decreto evitaba el “zarpazo” del mercado a las víctimas de situaciones de emergencia y puntualizó que “no es una norma improvisada”, sino que “cuenta con un rigor técnico impecable para evitar prácticas que, en muchos casos, rozan la usura en momentos de necesidad extrema”, además de ser “justa y equilibrada con los operadores”, motivo por el cual recordó a quienes votaron en contra que “quien pierde no es el Gobierno, sino la ciudadanía, especialmente la más vulnerable”.

Por Sumar, Manuel Lago reivindicó que el decreto “pone a las personas por delante de los especuladores”, convencido de que era un cambio normativo “absolutamente necesario” y justificó que el Gobierno “no se puede comprar” y legisla “a favor de la ciudadanía y le da poder al pueblo frente a los oligopolios”.

Por Podemos, Javier Sánchez Serna avanzó que su grupo no iba a ser “impedimento” para la aprobación de una norma que, reconoció, “quizá llegue tarde y con algunos límites”, mientras que la portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, mostró su apoyo a la norma si recogí la “singularidad” de una isla “especialmente sensible a la subida de precios en situaciones de emergencia”; desde el BNG Néstor Rego afirmó que la medida “podría ser más ambiciosa”, convencido de que es “absolutamente necesaria”; por EAJ-PNV, Idoia Sagastizabal defendió que era “una herramienta prudente, proporcionada y pensada”, por lo que “por responsabilidad” votó a favor mientras que, por Bildu Marije Fullaondo recordó que “no es una medida ideológica, sino de protección social” y apoyó la convalidación y, desde ERC, Inés Granollers adelantó su apoyo al decreto para “proteger a la ciudadanía, garantizar la justicia social y la equidad y exigir la responsabilidad de los operadores en situaciones de riesgo”.