La iniciativa, que PSOE y Sumar acordaron tramitar el pasado 15 de junio, más de dos años después de que fuera admita a trámite por la Cámara Baja en diciembre de 2023, despenaliza los delitos de ofensas religiosas y de ultrajes o calumnias a la Corona y a otras instituciones del Estado. Eso sí, mantiene, por enmienda del PSOE que corrige el texto original de Sumar, el delito específico de enaltecimiento del terrorismo.

El primer paso de la tramitación es la necesaria superación de las enmiendas a la totalidad, y en este caso las han presentado el PP y Vox, ambos con textos sustitutivos que endurecerían el actual Código Penal en lugar de suavizarlo como quiere Sumar.

El PP, además de no eliminar ninguno de los delitos que quiere suprimir Sumar, propone redefinir el delito de enaltecimiento del terrorismo, castigando con penas de prisión de hasta tres años la convocatoria, promoción, realización de actos, difusión o exhibición de mensajes, fotografías, pintadas o carteles que supongan enaltecimiento o justificación pública del terrorismo, de terroristas o de organizaciones terroristas.

Las penas se aplicarían en su mitad superior o elevarse hasta la que sea un grado superior cuando se utilicen medios de comunicación, internet, servicios de comunicación electrónica o tecnologías de la información; o cuando los hechos puedan alterar gravemente la paz pública, o generar inseguridad o temor social. Por otra parte, el juez podrá ordenar destrucción o borrado de materiales, retirada de contenidos en internet, eliminación de enlaces en buscadores y bloqueo de acceso a contenidos ilícitos.

Vox plantea, por su parte, la pérdida de nacionalidad de los extranjeros que sean condenados por delitos como éstos; una modalidad agravada de las ofensas a los sentimientos religiosos si éstas tienen "motivos anticristianos" con dos años de prisión en lugar de de uno. También eleva la multa por ofensas o ultrajes a España o a sus símbolos de 12 a 24 meses y agrava la pena si las cometen miembros del Gobierno central o los autonómicos.

Además, Vox quiere un nuevo artículo 543 bis para castigar hasta con 3 años de prisión a los funcionarios o autoridades que no coloquen la bandera de España donde sea obligatorio. Igualmente, el delito de enaltecimiento del terrorismo sería agravado si lo cometieran autoridades, funcionarios o dirigentes políticos.

Finalmente, el texto sustitutivo de Vox modifica la Ley del Deporte para establecer protocolos contra ofensas al himno o la bandera en competiciones deportivas, hasta permitir la suspensión de eventos.