Esos incrementos forman parte del Acuerdo Marco alcanzado a finales de noviembre entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, UGT y CSIF, y al que se sumó a comienzos de diciembre CCOO.

El Gobierno y los sindicatos pactaron un aumento retributivo del 11% para el periodo 2025-2028, que puede llegar al 11,4% por el efecto arrastre. Además de cuestiones salariales, el texto también contempla asuntos laborales y de servicio a la ciudadanía.

La subida en las nóminas abarca desde 2025 porque los empleados públicos han estado todo este ejercicio sin saber el incremento que les correspondía, ya que el anterior pacto salarial, incluido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, expiró el 31 de diciembre de 2024.

Para abonar la cuantía correspondiente a 2025 y garantizar la actualización para 2026, el Gobierno recurrió un real decreto-ley “por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público”.

“Como quiera que la situación de prórroga presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 se mantiene en la actualidad y se mantendrá al inicio de 2026, se hace necesario aprobar esta norma y hacer efectiva la parte del incremento correspondientes a 2025 y 2026”, se detalla en la exposición de motivos.

De esta forma, se aprobará con efectos retroactivos la subida del 2,5% correspondiente a 2025, con las “disposiciones necesarias para que dicho incremento se pueda hacer efectivo en este año”, y los incrementos para 2026, que se aplicarán sobre la cifra consolidada de 2025.

El acuerdo entre Función Pública y los sindicatos fijó una mejora retributiva fija del 1,5% para 2026, a la que se podrá sumar un 0,5% adicional y consolidable, si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5%. Ese medio punto de subida se abonaría en el primer trimestre de 2027.

EFECTIVIDAD DEL INCREMENTO

El texto del real decreto-ley estable que serán las Administraciones públicas las que establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos correspondientes al ejercicio 2025, en función de la negociación sindical en cada ámbito.

El atraso de 2025 podrá distribuirse entre 2026, 2027 y 2028 o bien hacerse efectivo en el mes de diciembre de 2025.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) verán ese incremento de 2025 en diciembre, como también se expresa en el decreto.

Por tanto, trabajadores públicos de la AGE tendrán en sus nóminas de noviembre esa subida del 2,5%, que se abonará en una sola paga como atrasos desde enero. Este pago adicional y único beneficia a 540.000 efectivos del sector público estatal.

El acuerdo salarial contempla un alza del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028. De esta forma, los sueldos de los empleados públicos podrían revalorizarse hasta un 11,4% por el efecto arrastre en 2028.