Este partido recuerda que tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado y la propia Guardia Civil “han advertido en los últimos meses de los graves fallos de funcionamiento de las pulseras telemáticas: errores de geolocalización, pérdidas de cobertura, deficiencias técnicas y manipulación de dispositivos por parte de los agresores”.

Según Vox, un técnico del sistema telemático de control de agresores con órdenes de alejamiento por violencia de género (Cometa) denunció el “desastre total” de las pulseras ante el Ministerio de Igualdad. Además, el partido critica que el Gobierno “no ha ofrecido ninguna explicación sobre los contratos adjudicados, los fallos reiterados ni el posible desvío de fondos públicos”.

Para el partido de Santiago Abascal, este “nuevo escándalo” confirma que el Ministerio de Igualdad se ha convertido en “un aparato ideológico y de gasto, centrado en propaganda, corrupción institucional y confrontación social, mientras abandona a las mujeres que dice proteger”.

“El Estado tiene el deber de garantizar la seguridad de todos los españoles, especialmente de las mujeres en situación de vulnerabilidad, pero el Gobierno de Sánchez ha fracasado estrepitosamente, permitiendo que las víctimas pierdan la confianza en las instituciones”, denuncia Vox en la exposición de motivos.

PETICIONES

La formación de Santiago Abascal reclama una política de protección “seria, eficaz y sin sesgos ideológicos, que devuelva la responsabilidad a los profesionales de la seguridad y la justicia, y que acabe con el entramado político-económico que rodea al Ministerio de Igualdad y al Pacto de Estado contra la Violencia de Género”.

Por ello, Vox exige destituir a la ministra Ana Redondo, derogar la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, suspender el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suprimir el Ministerio de Igualdad, y dotar al Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios necesarios para “garantizar la efectiva protección de las mujeres”.

También pide eliminar las subvenciones concedidas bajo el paraguas de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, garantizando que esos recursos económicos se destinen a la protección real de las víctimas, y promover que sea el Ministerio del Interior el órgano ministerial que asuma el control del sistema Cometa.