También que convoque a la Conferencia Sectorial para que las comunidades y el Gobierno central “podamos trabajar juntos en la mejora de las condiciones de estas profesionales en toda España”. Zarzalejo remarcó en la misiva que el Gobierno de la Comunidad de Madrid “ha demostrado con hechos, y de forma sostenida en el tiempo, que el primer ciclo de Educación Infantil, aun no siendo obligatorio, es una prioridad de sus políticas públicas”.

La consejera señaló que “resulta especialmente grave que, mientras el Ministerio impulsa un Anteproyecto de Ley para regular ratios y condiciones educativas, haya dejado al margen el primer ciclo de Educación Infantil, pese a tratarse de un ámbito cuya regulación decidió asumir el Gobierno central, modificando el régimen competencial de la Ley Orgánica de Educación de 2006.

En este sentido, apuntó que la propia Lomloe “evidencia esta falta de desarrollo al prever, en su disposición transitoria cuarta, la adaptación de los centros a los requisitos del artículo 14.7 en el plazo que se establezca y, en su disposición transitoria quinta, que mientras n o se dicten las disposiciones reglamentarias correspondientes sigan siendo de aplicación las normas vigentes”. Es decir, “el propio legislador reconoce que la efectividad de esta regulación depende de una actuación a nivel estatal que, hoy en día, no se ha producido”.

En el caso de la Comunidad de Madrid, ello obliga a mantener vigente el Decreto 18/2008, de 6 de marzo, que regula los requisitos mínimos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil. “Existe voluntad clara de actuar y de atender las necesidades del sector, pero este trabajo está condicionado a las respuestas del Ministerio, ya que la Comunidad de Madrid no puede modificar unilateralmente esta normativa sin vulnerar el reparto competencial establecido por la propia Lomloe. Una actuación autonómica en este sentido podría ser contraria a la Constitución y objeto de recurso por el propio Ministerio, con el consiguiente perjuicio para las profesionales y los centros”.

Zarzalejo añadió que, “a esta falta de desarrollo normativo, se añade una actitud institucional desleal, que está generando confrontación en la calle y una tensión innecesaria en un sector especialmente sensible”. Además, “lejos de aportar soluciones, esta situación está causando un daño directo a las profesionales del primer ciclo de Educación Infantil y a las familias”.

Por todo ello, solicitó que “paralice la tramitación y aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley, convoque a la mayor brevedad posible la Conferencia Sectorial de Educación y aborde estas cuestiones junto con las comunidades autónomas, incorporando las reivindicaciones del primer ciclo de la Educación infantil y garantizando una financiación estructural por parte de la Administración General del Estado, dado el evidente alcance nacional del problema”.