La nueva orden, que abre un plazo que terminará el 31 de agosto de 1996, fue presentada por el consejero de Agricultura de La Rioja, Javier Erro, como "una orden continuista" con respecto a las del Gobierno anterior, del PSOE.

Según dijo, la normativa pretende "finalizar el proceso de regularización del viñedo, sin crear un agravio con los que han utilizado ya esta práctica y sin discrimina a los agricultores que se han mantenido desde el principio en la legalidad".

La orden, que es similar a otras anteriores como la de febrero de 1993, indica que los viticultores tendrán que arrancar una superficie igual a la que quieran regularizar o bien presentar derechos de replantación.

Además, tendrán que pagar una multa de 250.000 pesetas por hectárea. La principal novedad consiste en que el Gobierno regional, del PP, permite ahora hacer el pago de la sanción en cinco anualidades.

En L Rioja, de una superficie total de viñedo de 33.601 hectáreas, sólo se encuentran en una situación irregular 724,7 (un 2,1%) que pertenecen a 1.164 viticultores. De estas hectáreas, el 42,5% de la superficie que puede regularizarse es superior a una hectárea y se encuentran en manos de 119 titulares. El 20,86% son viñas de entre media y una hectárea pertenecientes a 222 propietarios y el 36,58 restante corresponde a pequeñas parcelas inferiores a media hectárea que pertenecen a 1.306 viticultores.

Porlocalidades, Autol, con 191 viñas irregulares que suman 50 hectáreas, Alfarón, con una superficie ilegal de 109 hectáreas, y Navarrete, con 60, son las que agrupan una mayor superficie no amparada por la Denominación.

A partir del 1 de septiembre de 1996, a los viticultores que no hayan regularizado sus plantaciones, se les aplicará la normativa vigente que no obligará a arrancar las viñas irregulares, pero que quedarán excluídas de la Denominación Origen Calificada.