A su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Ruiz reconoció que carecía de información sobre el nuevo modelo, más allá “de los apuntes de la rueda de prensa de la vicepresidenta (María Jesús Montero) y del dossier de prensa del gabinete del Ministerio (de Hacienda)”.

“Está claro que esos datos sólo lo tienen el Estado, los independentistas y, parece ser, que también el presidente de la Generalitat (Salvador Illa)”, comentó el consejero castellanomanchego.

Ruiz expuso que para el Gobierno de Castilla-La Mancha “es muy importante” conocer las cifras para saber cómo se llega a ese incremento de la financiación, en casi 21.000 millones de euros para todas las autonomías de régimen común en 2027, y para ver el resultado final del volumen de recursos.

A su juicio, esto servirá para evaluar si el reparto “se ha hecho con un criterio racional o con un criterio caprichoso” para atender a Cataluña.

SIN DEBATE EN EL PSOE

Afeó a Montero que pida al PP un debate interno sobre el modelo de financiación, por sus distintas posiciones por comunidades autónomas, pero ella no lo traslade al interior del PSOE.

Además, señaló que se están incumpliendo resoluciones aprobadas en el Congreso Federal de Sevilla y solo se ha negociado “de manera bilateral” con un partido “que no tiene representación en el Gobierno” y ni siquiera con una comunidad autónoma, en alusión al pacto del Ejecutivo con ERC.

Asimismo, lamentó que el modelo propuesto por Hacienda consagre el principio de ordinalidad, que para su región representa “una línea roja”. “No podemos admitir que quien más tiene más reciba. Para que entendamos la ordinalidad, significa que aquellas comunidades autónomas que tienen mayor capacidad tributaria tienen derecho a mayor financiación y, por lo tanto, a que sus ciudadanos puedan conseguir los servicios públicos con mejores condiciones que los demás”, detalló.

Por tanto, para el consejero socialista de Castilla-La Mancha, la ordinalidad es “indefendible desde cualquier postulado de la izquierda”, ya que se debe garantizar la igualdad para poder “prestar los servicios públicos con el mismo nivel de calidad”, al margen de la capacidad económica de que tengan los territorios. “Desde Castilla La Mancha, lo que defendemos es un modelo de financiación que iguale la financiación por habitante ajustado”, zanjó.