Este encuentro tiene lugar este viernes en la capital catalana bajo la presidencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La cumbre está centrada en la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor este jueves.

A este respecto, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración de Madrid, Miguel Ángel García, explicó que la razón por las que las comunidades del PP abandonaron la conferencia fue porque “se quería hacer un paripé” y no se trató ninguno de los puntos que les parecían fundamentales.

IMPORTANTES CAMBIOS

Insistió en que llevaban mucho tiempo pidiendo tratar temas como la financiación, ya que esa implantación va a tener un coste muy relevante en las comunidades autónomas que tienen transferencias las competencias en materia de Justicia, y denunció que no se iba a hablar de la “carga que van a tener que asumir las comunidades autónomas”.

Actualmente, explicó, hay una ley en vigor pero todavía no están aprobados los reglamentos necesarios para su aplicación y, por tanto, las comunidades tampoco tienen los modelos de referencia para saber cómo se implementará.

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, considerada la mayor reforma en décadas para este sector de la administración española, entró en vigor este jueves, tras su publicación en el BOE el pasado 3 de enero.

Aprobada definitivamente por el Congreso el pasado 19 de diciembre, la norma busca modernizar y agilizar los procesos judiciales mediante una reorganización estructural y la digitalización del sistema. Bolaños ha destacado que esta ley marca un "momento clave" para transformar la Justicia en un servicio más ágil, cercano y eficiente.

Entre las principales medidas de la norma se encuentra la creación de los tribunales de instancia, que reemplazarán a los juzgados unipersonales. Este cambio permitirá integrar a los más de 3.800 juzgados actuales en 431 tribunales colegiados, lo que busca facilitar una distribución más equitativa de la carga de trabajo y unificar criterios judiciales.