La protesta, que ya parece imparable y que se materializará en tres días de huelga convocados por las asociaciones, tendrá “impacto muy perjudicial” en el funcionamiento ordinario de una justicia a la que no le faltan problemas que sortear.

Por eso, la Abogacía Española exhorta a todas las partes a “seguir dialogando para llegar a un modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal que sea apoyado por una amplia mayoría de las fuerzas políticas de nuestro país y por una mayoría de consenso entre los propios profesionales de la judicatura y la fiscalía”.

Para la Abogacía, como el operador jurídico más numeroso de nuestro sistema de Justicia, ni el Gobierno debería “acelerar los plazos” en una situación política como la que estamos viviendo, ni las asociaciones judiciales y fiscales deberían “dejar de valorar otras alternativas distintas a la huelga” que “tantos y tan irreparables perjuicios” pueden causar a la justicia y a la ciudadanía.

Al mismo tiempo, la Abogacía reclama la participación de los representantes de los principales operadores jurídicos en el debate preparatorio del texto que la Comisión de Justicia quiere someter a votación. La agilidad no está reñida con la cantidad ni con la calidad de las aportaciones.

Por el contrario, una reforma de este calado no debería completarse sin haber intentado, al menos, escuchar a todos los operadores involucrados, entre ellos a la propia abogacía. La Abogacía, dentro del papel negociador que le reconoce nuestro ordenamiento jurídico, reitera su ofrecimiento a todas las partes afectadas en este conflicto para colaborar en la búsqueda de un acuerdo que respete el principio de mérito y capacidad como la mejor fórmula para conseguir una Justicia de calidad.