Así lo recoge en su informe de actividad correspondiente al presente ejercicio, presentado en rueda de prensa y en el que este órgano consultivo de la Administración General del Estado en materia de protección de los consumidores y usuarios juzgó “positiva” la iniciativa del Gobierno de crear una cesta de la compra con alimentos saludables y a un precio "congelado" o "limitado" hasta, al menos, después de esta Navidad, ante lo que consideró una “enorme escalada de los precios de los alimentos”.

En este punto, señaló que la interlocución y diálogo con los representantes de las empresas de distribución "es de gran importancia" y recordó que las asociaciones del Consejo "han expresado su disposición a debatir posibles acciones o iniciativas con el Gobierno y las patronales de la distribución”, consciente de que sigue habiendo “margen para abordar de manera consensuada” medidas que permitan “paliar la carestía de la vida, así como la desigualdad entre las capas más desfavorecidas de la sociedad”.

Con respecto a la escalada de los precios de la energía, el Consejo estimó que la misma “es cuestionable” y que la situación exige una “mayor vigilancia e intervención” por parte de los poderes públicos para “asegurar el funcionamiento adecuado del mercado energético”, tal y como ya trasladó a los responsables del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Para este órgano, el proceso de transición energética “debe traer beneficios al consumidor, dándole una posición central, además de ofrecer precios asequibles, justos y sostenibles”. “Es necesario garantizar una mayor protección de los consumidores domésticos y, en especial, a los consumidores vulnerables, para asegurar el acceso al suministro eléctrico”, abundó.

Según recoge en su informe, “merece especial atención” su trabajo para “mitigar, en la medida de sus posibilidades, las desigualdades sociales" que se han producido a lo largo de 2022 y "especialmente" aquel dedicado a "superar la brecha digital que las personas mayores están padeciendo en relación con los servicios públicos y los financieros”, por lo que “ha secundado” las denuncias e iniciativas desarrolladas en este sentido por la Plataforma de Mayores y Pensionistas.

HIPOTECAS

Por lo que se refiere a las hipotecas, el CCU solicitó al Gobierno una “mayor sensibilidad y transparencia” a la hora de tener en cuenta el interés de los consumidores y, pese a "valorar" el plan de ayudas que ha negociado con la banca, el órgano mostró su “sorpresa” por el hecho de que el Ejecutivo se reuniera solo con los representantes de los acreedores, por lo que volvió a reivindicar formar parte de ese marco de negociación “a la hora de definir las soluciones que se pretendan aplicar”.

En 2022 el CCU ha “retomado”, además, las conversaciones para renovar y actualizar el marco de cooperación con la Fiscalía General del Estado con el fin de “prevenir y combatir la vulneración de los legítimos derechos de las personas consumidoras” y ha solicitado la dotación “suficiente” al Ministerio Fiscal para que actúe en el ámbito del consumo.

En este año el Consejo ha suscrito también un Acuerdo Marco con RTVE, en el marco del cual se ha lanzado una serie de podcasts que se difundirán a lo largo del año a través de la señal de RNE y de su servicio a la carta para aumentar la formación de los consumidores en esta materia y dar a conocer la labor realizada por el CCU. Por lo que respecta al convenio con la ONCE, en fechas "próximas" al Día Mundial de las Personas consumidoras se va a lanzar un cupón conmemorando ese día.

De cara al futuro, el CCU siguió pidiendo la implantación “efectiva” de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, convencido de que, si bien la presentación del proyecto de ley para su creación es “positiva”, “presenta un gran retraso”. Asimismo, demandó medidas para la “adecuada protección” de los consumidores frente a los “abusos" y otras que “mitiguen” el “impacto” del alza de los precios en la cesta de la compra, además de una mayor vigilancia de las prácticas “abusivas” que, a su entender, se producen en el mercado, entre otras acciones.

Finalmente, recordó que se ha dirigido en diferentes ocasiones al Ministerio de Justicia para conocer el estado de tramitación de la Directiva relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores e hizo hincapié en que la fecha límite para esa trasposición finaliza el próximo 25 de diciembre y que será de plena aplicación a partir del 25 de junio de 2023.

A lo lo largo de este ejercicio, su Pleno ha celebrado nueve reuniones ordinarias y una extraordinaria en las que se analizaron un total de 91 textos normativos remitidos por diferentes áreas de la Administración General del Estado, emitiendo informes relativos a seis anteproyectos de ley, dos proyectos de ley, 25 proyectos de reales decretos, 17 proyectos de órdenes ministeriales y 27 proyectos de resoluciones ministeriales, entre otros documentos.