Así lo demandó en un manifiesto publicado coincidiendo con la conmemoración, el próximo viernes 15 de marzo, del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras y en el que también exigió una intervención “más eficaz” por parte de los poderes públicos para lograr una protección “adecuada” de los consumidores y estimó “necesario y urgente” garantizar un “alto nivel de protección de los consumidores”.

Entre otras cuestiones, en dicho manifiesto solicitó la “aprobación urgente” del proyecto de Ley de los Servicios de Atención a la Clientela, una reivindicación “histórica” para la defensa de consumidores y usuarios, convencido de que, en la actualidad, la “mayoría” de los servicios de atención al cliente de las empresas “adolecen de falta de calidad, transparencia, accesibilidad y eficacia”.

En paralelo, también hizo hincapié en la importancia de articular medidas que “mitiguen” el “impacto” del alza de los precios en la cesta de la compra y de “incrementar” la vigilancia de las prácticas colusorias y “abusivas” que, a su juicio, “se producen en el mercado”.

Asimismo, insistió en la relevancia de la puesta en marcha de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero ante la “falta de eficacia” de los sistemas de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros, eliminando el límite de 20.000 euros para que las resoluciones sean “vinculantes” para los bancos.

OTRAS PETICIONES

Junto a ello, abogó por la implementación de un sistema de inspección y sanciones “efectivo”, que “prevenga y disuada” a las empresas de “infringir” la normativa de protección de los consumidores, tanto por la cuantía de dichas sanciones como por el “impacto” que su divulgación pública pueda tener en la reputación empresarial.

Además, reivindicó “soluciones” para el “grave problema” del sobreendeudamiento de las familias, “agravado”, a su entender, por la crisis económica derivada de la covid-19, el “incremento” del coste de la vida y la “evolución del mundo del crédito, especialmente a causa de los denominados créditos rápidos”.

Su batería de peticiones incluye también la “rápida” transposición de la Directiva sobre acciones de representación colectiva, el “desarrollo” de la “posibilidad” de reparación para los usuarios dentro del proceso sancionador a las empresas o la dotación de recursos y medios “suficientes” al Ministerio Fiscal para garantizar la “adecuada protección” de los consumidores frente a los abusos.

El Consejo apostó, además, por el desarrollo de políticas públicas que contribuyan a “salvaguardar” el derecho fundamental a una vivienda “digna y adecuada”, convencido de que la Ley de Vivienda es “un paso significativo” hacia su “efectiva protección” pero “debe ser completado urgentemente” con la creación de un parque público de vivienda en alquiler que “frene o revierta la tendencia alcista de los precios”.

Por último, incidió en la urgencia de la “inclusión tecnológica de todas las capas sociales para superar la brecha digital” y de la “lucha” contra la desinformación y otros contenidos ilícitos en Internet, “especialmente los que perjudican a los menores como consumidores vulnerables”.