Ese tratado sienta las bases para una respuesta más coherente de la justicia penal por parte de los Estados a los delitos medioambientales, incluso a través de las fronteras. Para que entre en vigor son necesarias ocho ratificaciones de miembros del consejo de Europa.

"Debemos acelerar nuestros esfuerzos colectivos para proteger el medio ambiente y combatir los crímenes medioambientales que amenazan nuestro futuro", subrayó Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa.

El Convenio forma parte de los esfuerzos integrales del Consejo de Europa en el ámbito del medio ambiente y refleja una respuesta colectiva a la ‘triple crisis planetaria’ del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

El nuevo tratado se centra en las dimensiones penales del daño medioambiental y establece un marco legal sólido para combatir los delitos ambientales graves que, en ocasiones, han quedado impunes o han sido penalizados.

ECOCIDIO

Elaborado por los Estados miembro del Consejo de Europa junto con contribuciones de la Santa Sede, la UE, la ONU, la Interpol y la sociedad civil, el tratado envía un mensaje contundente: la destrucción ambiental no solo es un fracaso político, sino que también puede constituir un delito, lo que requiere de sólidas herramientas legales y cooperación internacional.

El Convenio establece una amplia gama de delitos medioambientales y permite a los países procesar conductas intencionadas que resulten en desastres medioambientales equivalentes a un ecocidio.

Las disposiciones sobre responsabilidad corporativa, sanciones y crimen organizado reflejan la naturaleza cambiante de los delitos medioambientales y sus vínculos con redes criminales transnacionales.