Según informó el Ministerio de Sanidad en un comunicado, Gobierno y comunidades autónomas acordaron el desarrollo de este procedimiento que constituye "un paso esencial para la reparación íntegra de los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición al amianto padecidos por toda persona en su ámbito laboral, doméstico o ambiental en España".

El siguiente paso es que las comunidades autónomas constituyan los Equipos de Valoración de Victimas del Amianto, que deberán estar integrados por personal especializado en salud pública, laboral y ambiental, y que serán los encargados de valorar cada caso y emitir los certificados necesarios para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) gestione las compensaciones económicas previstas en la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto.

Las personas que ya cuentan con un reconocimiento administrativo o judicial firme de incapacidad permanente derivada de una enfermedad profesional causada por la exposición al amianto podrán presentar su solicitud en la Consejería de Sanidad de su comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en las ciudades de Ceuta y Melilla.