Durante su intervención, el responsable del área Socioeconómica del Consejo de la Juventud de España y portavoz, Javier Muñoz, subrayó que “al hablar de vivienda no se habla de un mero bien material, sino de una pieza central del proyecto vital de las personas jóvenes que condiciona decisiones básicas como estudiar, trabajar, emanciparse o participar plenamente en la sociedad. La falta de acceso a una vivienda asequible está estrechamente ligada con las condiciones materiales de vida, la salud mental y la confianza de la juventud en las instituciones democráticas”.

Los datos más recientes del Observatorio de Emancipación del CJE mostraron que solo el 15,2% de las personas jóvenes entre 16 y 29 años viven fuera del hogar familiar, “el peor registro para un segundo semestre desde que hay datos en 2006”, y que el coste mediano del alquiler roza los 1.080 euros mensuales, lo que obliga a dedicar más del 90% del salario si se pretende vivir en solitario.

Según Muñoz, el análisis de estos datos desmonta discursos que criminalizan a la juventud por su “falta de esfuerzo” o “voluntad de emanciparse”, ya que la mayoría de jóvenes trabajan o se forman, pero el mercado de la vivienda y las políticas actuales no hacen lo suficiente para garantizar una emancipación digna. El empleo por sí solo, remarcó, ya no asegura el acceso a derechos básicos como la vivienda.

Ante esta situación, el el portavoz del CJE planteó tres ámbitos específicos de actuación política que considera esenciales. En primer lugar, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, al sostener que es imprescindible que esta norma ofrezca protecciones reales para las personas arrendatarias jóvenes, incluyendo el alquiler de habitaciones y los contratos temporales, y evitando que determinadas figuras jurídicas permitan la desprotección de las partes más vulnerables de la relación de alquiler.

En segundo lugar, Muñoz reclamó un Bono de Alquiler Joven eficaz y accesible y criticó que esta prestación, en su configuración actual, no alcanza ni al 1% de la población joven debido a su escasa cobertura, la descoordinación autonómica y la entrega tardía, lo que limita gravemente su impacto real en la emancipación juvenil. Ese 1% constituye el 15% de la población potencialmente beneficiaria, dejando al 85% restante sin una ayuda que necesita.

Por último, el responsable del área Socioeconómica del CJE propuso revisar la fiscalidad del alquiler, con incentivos fiscales y cargas adicionales para favorecer el uso residencial de viviendas y penalizar actividades especulativas o el desuso, de forma que la fiscalidad contribuya a generar más oferta asequible en vez de bonificar indiscriminadamente la tenencia o el alquiler lucrativo.

Muñoz añadió que “estas propuestas son necesarias tanto desde un punto de vista cuantitativo, con más vivienda asequible, como cualitativo, porque la falta de acceso a la vivienda genera impactos negativos en la salud mental y el bienestar de la juventud, como ansiedad o depresión, asociados a condiciones materiales precarias y falta de perspectivas de futuro”.

El portavoz concluyó su comparecencia apelando a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara. “No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo condiciones mínimas para vivir con dignidad. Cuando una generación entera no puede acceder a un derecho constitucional, el problema es estructural, no individual. Y las soluciones están en la acción política valiente y coordinada”, expresó Javier Muñoz.