En concreto, destacó que solamente en el segundo semestre de 2025, solo el 15,2 % de las personas jóvenes entre 16 y 29 años viven fuera del hogar familiar, el peor registro para un segundo semestre desde que se tienen datos. Asimismo, señaló que el coste mediano del alquiler roza ya los 1.080 euros mensuales, obligando a dedicar más del 90 % del salario si se pretende vivir en solitario.

"La juventud en España no podemos elegir, dónde, con quién o cómo vivir. Las normas del mercado nos lo imponen y, en ocasiones, nos vemos obligados a vivir con personas que no conocemos porque es la única manera de llegar a fin de mes. A dos horas de un trabajo que pagamos con nuestro tiempo en el transporte público", señaló al afirmar que la falta de acceso de la vivienda se trata de un problema "estructural" que "interpela directamente a la calidad de la democracia".

En este sentido, afirmó que, trabajar ya no garantiza la emancipación y destacó que el problema de la vivienda deteriora en gran medida la salud mental de los jóvenes. "Esto es una consecuencia clara de las políticas públicas que no se han tomado hasta ahora", señalo Muñoz.

Por todo ello, desde el CJE señalan tres ámbitos específicos de actuación política que consideran esenciales. En primer lugar, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, subrayando que es "imprescindible" que esta norma ofrezca protecciones reales para las personas arrendatarias jóvenes, incluyendo el alquiler de habitaciones y los contratos temporales, evitando que figuras jurídicas permitan la desprotección frente a las partes más vulnerables de la relación de alquiler.

En segundo lugar, un Bono de Alquiler Joven "eficaz y accesible". El CJE señaló que esta prestación, en su configuración actual, no alcanza ni al 1 % de la población joven debido a su escasa cobertura, descoordinación autonómica y entrega tardía, lo que limita gravemente su impacto real en la emancipación juvenil. Ese 1% constituye el 15% de la población potencialmente beneficiaria, dejando al 85% restante sin una ayuda que necesitan.

Por último, una revisión de la fiscalidad del alquiler, con incentivos fiscales y cargas adicionales para favorecer el uso residencial de viviendas y penalizar actividades especulativas o desuso, de forma que la fiscalidad contribuya a generar más oferta asequible en vez de bonificar indiscriminadamente la tenencia o alquiler lucrativo.